El proyecto de Villeta no depende solamente de electricidad barata. También requiere agua del río Paraguay, financiamiento climático favorable y acceso a recursos estratégicos nacionales. La pregunta es cuánto aporta la empresa y cuánto pone Paraguay para hacer viable el negocio.
El debate sobre ATOME se ha concentrado en el precio de la electricidad. Es comprensible: la energía representa el componente decisivo de una planta que pretende transformar electricidad hidroeléctrica en hidrógeno y fertilizantes.
Pero la tarifa es solo una parte de la ecuación.
Los documentos oficiales del proyecto muestran que la planta de Villeta también dependerá de una cantidad significativa de agua del río Paraguay, de financiamiento internacional en condiciones favorables y de una arquitectura institucional construida alrededor de recursos estratégicos nacionales.
La pregunta, por tanto, ya no es únicamente cuánto pagará ATOME por la energía. La pregunta es cuánto aporta realmente Paraguay para que el proyecto sea competitivo.
USD 145 millones de financiamiento institucional
En marzo de 2026, el Fondo Verde para el Clima y la Corporación Financiera Internacional formalizaron un préstamo subordinado de USD 50 millones para la planta. El propio Fondo explica que ese financiamiento concesional busca reducir el costo de capital del proyecto y mejorar su competitividad.
El Banco Europeo de Inversiones anunció, además, hasta USD 95 millones de financiamiento bajo una estructura de project finance sin recurso, junto con otras instituciones multilaterales.
Solo esas dos operaciones suman USD 145 millones.
No se trata de una donación a ATOME, sino de deuda que deberá ser pagada. Pero tampoco es financiamiento comercial ordinario. Su finalidad declarada es abaratar el capital y hacer viable una tecnología que todavía tiene mayores costos que la producción convencional de fertilizantes.
Esto confirma el punto planteado en el primer artículo: si el producto verde logra competir en precio, el diferencial no desaparece. Se distribuye entre energía favorable, capital concesional, compradores dispuestos a pagar una prima y recursos aportados por el país anfitrión.
La etiqueta de “inversión privada” resulta, por tanto, incompleta. El valor total del proyecto es estimado por el Fondo Verde para el Clima en alrededor de USD 630 millones, dentro de una estructura que combina préstamos institucionales, capital privado y financiamiento climático.
El segundo insumo: agua del río Paraguay
La documentación ambiental divulgada por la Corporación Financiera Internacional estima que la planta consumirá 260 metros cúbicos de agua por hora, extraídos del río Paraguay, para la electrólisis y los procesos de fabricación de fertilizantes.
Si la planta operara continuamente, ese volumen equivaldría a aproximadamente 6.240 metros cúbicos diarios y 2,28 millones de metros cúbicos al año. Es una proyección aritmética basada en el consumo horario informado; el uso real dependerá del régimen efectivo de operación.
No corresponde llamar a ese recurso “agua gratis” sin conocer las condiciones administrativas concretas. La Ley de Recursos Hídricos establece que las aguas son bienes del dominio público del Estado, que su aprovechamiento industrial requiere permiso o concesión y que debe abonarse un canon. También coloca el uso industrial detrás del consumo humano, los ecosistemas y las actividades agropecuarias en el orden de prioridad.
El problema es otro: hasta ahora, el debate público no conoce respuestas precisas a preguntas elementales.
¿Qué título de aprovechamiento utilizará ATOME? ¿Qué canon pagará? ¿Cómo fue valorado el impacto de extraer ese volumen durante periodos de bajante o sequía? ¿Qué restricciones se aplicarán si el recurso hídrico entra en conflicto con usos prioritarios?
Estas cuestiones no son accesorias. El agua es el segundo insumo público esencial del proyecto, después de la electricidad.
Una estructura diseñada para reducir el costo privado
El Fondo Verde para el Clima describe expresamente su préstamo de USD 50 millones como un mecanismo para reducir el costo de capital y sostener la competitividad del fertilizante verde.
La ANDE, paralelamente, enfrenta la presión de suministrar electricidad durante un periodo prolongado a un precio compatible con el modelo financiero de ATOME.
El río Paraguay aportará el agua.
Yara comprará la producción completa bajo un acuerdo mínimo de diez años, según la cronología corporativa de la compañía.
La estructura es clara: Paraguay aporta los recursos físicos estratégicos; las entidades multilaterales reducen el costo financiero; ATOME desarrolla y opera la planta; y una multinacional internacionaliza la producción.
Eso puede constituir una operación legítima y económicamente beneficiosa. Pero antes debe demostrarse cómo se distribuye el valor entre sus participantes.
No basta con anunciar empleo, inversión o reducción de emisiones. Debe conocerse cuánto valen la electricidad, el agua, las exoneraciones, las garantías y el financiamiento favorable que sostienen el proyecto.
La puerta giratoria energética
También merece atención la composición institucional de ATOME. James Spalding, director ejecutivo y accionista de la empresa, fue director general paraguayo de Itaipú entre 2013 y 2018. Anteriormente ocupó cargos como ministro de Hacienda, embajador ante Estados Unidos y representante de Paraguay ante organismos multilaterales.
Su experiencia puede ser valiosa para una empresa que necesita comprender el sistema energético, financiero y político paraguayo.
Precisamente por eso debe analizarse con transparencia.
Que un antiguo director de Itaipú participe en una compañía cuyo principal insumo es la electricidad hidroeléctrica no prueba una irregularidad. Pero representa un caso clásico de circulación entre la función pública y el sector privado que exige reglas claras sobre conflictos de interés, acceso institucional y utilización de información adquirida durante el ejercicio del cargo.
La discusión no debe convertirse en una acusación personal. Debe convertirse en una exigencia institucional.
La factura que Paraguay todavía no calculó
ATOME alcanzó su decisión final de inversión en abril de 2026, según la propia empresa. El proyecto ya no es una promesa distante: su estructura financiera y contractual avanza hacia la ejecución.
Por eso, Paraguay necesita publicar una cuenta completa.
- el valor económico de cualquier diferencia tarifaria;
- el costo de la infraestructura adicional para atender la planta;
- el volumen de agua autorizado y el canon correspondiente;
- las exoneraciones o incentivos fiscales;
- las garantías ofrecidas por entidades públicas;
- la proporción de fertilizante destinada al mercado nacional;
- y el beneficio neto que quedará en el país.
El fertilizante verde puede reducir emisiones y diversificar la industria paraguaya. Esos beneficios son reales.
Pero una industria no se vuelve automáticamente conveniente porque su producto sea verde.
La verdadera prueba consiste en determinar si la reducción de emisiones justifica los recursos públicos comprometidos y si los beneficios económicos alcanzarán a Paraguay, a la ANDE y a sus agricultores.
La factura verde no termina en la electricidad.
Incluye agua, capital concesional, infraestructura, acceso institucional y el costo de oportunidad de recursos que pertenecen a todos.
Antes de celebrar el negocio, Paraguay debe saber cuánto está poniendo sobre la mesa.
