Durante buena parte de las últimas dos décadas, el paradigma predominante en América Latina fue la incorporación del denominado «enfoque de género» como eje transversal de las políticas públicas, particularmente en educación, salud y programas sociales. Impulsado por organismos internacionales, incorporado en currículos escolares y promovido mediante leyes, decretos y resoluciones administrativas, este enfoque se convirtió en una referencia habitual para numerosos gobiernos de la región.
Sin embargo, durante los últimos cinco años comenzó a observarse un fenómeno diferente. Sin constituir todavía una transformación homogénea ni mayoritaria, varios gobiernos latinoamericanos empezaron a revisar ese paradigma y a sustituirlo, parcial o totalmente, por políticas que privilegian referencias al sexo biológico o a la igualdad entre hombres y mujeres, reduciendo o eliminando el uso institucional del concepto de género.
No se trata de una percepción política sino de una serie de decisiones concretas adoptadas mediante distintos instrumentos normativos.
El caso más emblemático es el de Perú, donde el Congreso aprobó en 2025 la Ley N.º 32535, que derogó la anterior Ley de Igualdad de Oportunidades y dispuso sustituir la Política Nacional de Igualdad de Género por una Política Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. La norma también ordenó adecuar la educación sexual bajo criterios definidos como científicos, biológicos y éticos, reemplazando las referencias previas a la Educación Sexual Integral.
En Paraguay, aunque no existe una reforma integral equivalente, la evolución normativa también muestra cambios graduales. En 2017 el Ministerio de Educación prohibió mediante resolución la utilización de materiales que hicieran referencia a la denominada «ideología de género» en el sistema educativo. Posteriormente se emitieron nuevas resoluciones sobre materiales de educación sexual y, en 2024, el Congreso aprobó la Ley N.º 7239, cuyo texto definitivo centra la igualdad en «hombres y mujeres», mientras la Cámara de Diputados modificó el nombre de una de sus comisiones permanentes eliminando la palabra «género».
El Salvador representa otro caso relevante. En febrero de 2024, el Ministerio de Educación emitió el Memorándum 07-2024, instruyendo retirar contenidos relacionados con la denominada «ideología de género» de materiales educativos, capacitaciones docentes y recursos institucionales. Posteriormente, en 2025, otra disposición ministerial prohibió el uso del lenguaje inclusivo en los centros educativos públicos, en una política presentada por el Gobierno como parte de una reforma educativa orientada a evitar contenidos considerados ideológicos.
En Argentina, desde el cambio de gobierno en diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo impulsó una serie de decretos y decisiones administrativas que modificaron sustancialmente la estructura institucional creada durante años anteriores. Entre ellas se encuentran la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la revisión de programas vinculados a perspectiva de género y, más recientemente, medidas que restringen tratamientos de afirmación de género para menores de edad. No constituyen una única ley marco, sino un conjunto de actos administrativos y decretos que reflejan un cambio de orientación gubernamental.
Sin responder exactamente a los mismos fundamentos, todas comparten un elemento: cuestionan la incorporación del enfoque de género como principio rector de la acción estatal y procuran reemplazarlo por referencias explícitas al sexo biológico, a la igualdad entre hombres y mujeres o a criterios considerados científicos o biológicos.
Al mismo tiempo, conviene poner este fenómeno en perspectiva. La mayor parte de América Latina mantiene intactos los marcos normativos adoptados durante las dos décadas anteriores. Países como Chile, Colombia, Uruguay, México y Brasil (desde el cambio de gobierno en 2023) continúan desarrollando políticas públicas que conservan el enfoque de género en educación y otras áreas, lo que evidencia que la región está lejos de mostrar una posición uniforme.
Lo que sí parece verificarse es la aparición de una nueva corriente legislativa y administrativa. Si entre 2005 y 2020 predominó la expansión de normas que incorporaban la perspectiva de género al Estado, desde aproximadamente 2020 comenzaron a surgir decisiones públicas que recorren el camino inverso.
Todavía es temprano para afirmar si se trata de un cambio estructural o de un ciclo político asociado a determinados gobiernos. Pero el registro normativo de los últimos años muestra que la discusión dejó de ser exclusivamente académica o cultural: hoy también se expresa en leyes, decretos, resoluciones ministeriales y reformas administrativas que están modificando la manera en la que los Estados conciben la educación, la igualdad y las políticas públicas.
