En un fallo que avergüenza a cualquier democracia que se precie, un tribunal de São Paulo ha condenado a Audato e Ieda Denardi a 50 días de cárcel por el “delito” de educar personalmente a sus dos hijas, de 15 y 11 años, según sus convicciones religiosas y familiares. El cargo: “abandono intelectual”. La verdadera razón, admitida sin rubor por el juez: las niñas no recibían la dosis obligatoria de “educación de género y sexual”, “tolerancia” y “diversidad” según el canon estatal.
Esto no es justicia. Es la confiscación ideológica de la patria potestad.
Las menores son políglotas, leen con avidez y son pianistas formadas. Desde 2020, cuando sus padres constataron las miserias de la enseñanza remota durante la pandemia, han progresado académicamente de forma notable. Los Denardi presentaron miles de páginas de registros, ejercicios y materiales que demuestran una educación seria y continua. Una psicóloga educativa independiente no halló negligencia alguna. La propia Fiscalía, tras escuchar testigos y evaluar el desarrollo de las niñas, pidió su absolución. Todo inútil. El juez prefirió ver en los padres a “peones en una lucha ideológica” y consideró probatorio que las niñas no escucharan trap ni sertanejo.
Nunca, en la historia reciente de Brasil, se había llegado tan lejos. Hasta ahora, los casos de homeschooling se resolvían en el terreno administrativo. Esta sentencia penaliza por primera vez a unos padres no por dejar de educar a sus hijos, sino por educarlos fuera del molde oficial. El mensaje es preocupante: tus hijos no te pertenecen; pertenecen al Estado y a su proyecto de ingeniería social.
Ieda Denardi lo expresó con dolorosa claridad: “Como madre, no concibo un Estado más dictatorial que aquel que quiere enviarme a prisión porque decidí ejercer mi derecho a dirigir la educación y la crianza de mis hijas”. Tiene razón. Cuando el poder judicial acusa a unos padres de adoctrinamiento por negarse a adoctrinar a sus propios hijos con la ideología de género imperante, estamos ante la inversión total de los principios liberales. El Estado se arroga el monopolio de la verdad cultural y moral, y convierte la disidencia educativa en delito.
Brasil vive aún en un limbo jurídico respecto al homeschooling. El Supremo Tribunal Federal reconoció que no viola la Constitución, pero exigió una ley específica que sigue bloqueada en el Senado pese a haber sido aprobada en Diputados en 2022. Mientras tanto, familias que buscan proteger a sus hijos de un sistema escolar que muchos consideran fracasado y politizado son tratados como delincuentes.
Este caso trasciende la educación domiciliaria. Revela un Estado que ya no se contenta con regular la escolarización, sino que exige el control total de los contenidos ideológicos. Si dos niñas cultas, educadas y socialmente integradas pueden llevar a sus padres a la cárcel por no comulgar con la agenda oficial de “diversidad”, entonces la libertad de conciencia y el derecho de los padres a transmitir sus valores se han convertido en letra muerta.
La Séptima Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de São Paulo tiene ahora la oportunidad de corregir esta barbaridad. Revocar la sentencia no es solo un acto de justicia para los Denardi: es defender el principio elemental de que los hijos son responsabilidad primera de sus padres, no propiedad ideológica del Estado.
Cualquier gobierno que criminalice el amor responsable de unos padres por sus hijos ha dejado de ser guardián de la libertad. Se ha convertido en su enemigo.
