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¿Quién educa a nuestros niños?

El debate sobre la educación de los niños en Paraguay vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿quién debe definir los contenidos que se enseñan en las escuelas y hasta dónde puede llegar la influencia de las organizaciones que buscan introducir sus propias agendas en el sistema educativo?

En los últimos años, distintas organizaciones sociales han mantenido una activa campaña para impulsar la Educación Integral de la Sexualidad, incorporar la perspectiva de género en los materiales escolares y cuestionar las decisiones adoptadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Sus reclamos no se limitan a expresar una posición: incluyen pedidos de derogación de resoluciones ministeriales, revisión de materiales educativos y modificaciones en los enfoques que orientan la enseñanza.

Uno de los antecedentes se remonta a septiembre de 2018, cuando una articulación de organizaciones sociales presentó una carta formal al MEC para exigir la derogación de la Resolución N.º 29.664/2017, dictada durante la gestión de Enrique Riera. Entre las organizaciones mencionadas en esa iniciativa figuraban Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA), Aireana, Asociación Panambí, Unidos por el Arcoíris, la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual (REPADIS), Fundación Vencer, Somos Pytyvõhára y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

El pedido incluía la eliminación de la resolución que restringía la difusión y utilización de materiales referentes a la ideología de género en instituciones educativas dependientes del MEC. También reclamaban la publicación de los resultados de la revisión de textos escolares y la incorporación de contenidos vinculados a la educación de la sexualidad desde un enfoque integral.

La articulación entre algunas de estas organizaciones tampoco es reciente. En una nómina difundida por el Grupo Luna Nueva en mayo de 2015, dentro del denominado Movimiento de Lucha contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes, aparecían entidades como Callescuela, Panambí, Mil Solidarios, CENIJU, Grupo Luna Nueva, Somos Pytyvõhára, Somosgay y BECA, entre otras.

Esta última organización tiene un papel relevante en el entramado de iniciativas vinculadas a la temática. BECA trabaja en derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género, prevención de la violencia y formación. Además, impulsó en 2011 la creación de Somos Pytyvõhára, un grupo de adolescentes y jóvenes orientado a promover los derechos sexuales y reproductivos.

Las publicaciones más recientes permiten observar que esa agenda continúa activa. Somos Pytyvõhára cuestionó los materiales EASE difundidos por el MEC y reclamó una Educación Integral de la Sexualidad con perspectiva de género, enfoque de derechos e información científica. Por su parte, BECA pidió detener la circulación de esos materiales y cuestionó la resolución ministerial que restringe la perspectiva de género en los contenidos escolares.

También se registran pronunciamientos de organizaciones que relacionan el debate educativo con cuestionamientos a sectores religiosos y a decisiones políticas del Ministerio. En una de esas publicaciones, el Movimiento de Lucha contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes vinculó a sectores que identifica como “ultraderecha religiosa” con los materiales EASE y el caso ueno bank, además de reclamar la salida de Ramírez del MEC, en pocas palabras, una ensalada de cuestiones destinadas a generar confusión y azuzar fantasmas inexistentes.

No se trata de discusiones menores. La escuela es una institución fundamental en la formación de las nuevas generaciones y las decisiones sobre sus contenidos no puede convertirse en el terreno donde organizaciones particulares busquen imponer una visión determinada sobre la sexualidad, el género o la formación de los menores, sin que exista una discusión pública suficiente sobre el alcance de esas propuestas.

El MEC tiene la responsabilidad de establecer los lineamientos educativos y explicar sus decisiones ante la ciudadanía. Cuestionar una resolución ministerial es legítimo; también lo es exigir que quienes impulsan cambios expliquen con claridad qué contenidos pretenden incorporar, con qué fundamentos y bajo qué criterios pedagógicos.

La educación socioafectiva y la formación de niños y adolescentes no deberían quedar atrapadas en una disputa entre organizaciones con agendas particulares. El centro de cualquier política educativa debe ser el estudiante, su desarrollo y su protección. Las familias tampoco pueden quedar relegadas de una discusión que afecta directamente la formación de sus hijos.

La pregunta, entonces, sigue vigente: ¿quién educa a nuestros niños? ¿Las instituciones responsables del sistema educativo, las familias y la comunidad, o las organizaciones que buscan convertir sus demandas en lineamientos para las escuelas?

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