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Mamdani avanza con medidas que ponen en jaque la propiedad, la seguridad y el bolsillo de los ciudadanos

A pocos días de haber analizado la decadencia estadounidense y el costo de apostar por ideas equivocadas, las primeras decisiones del alcalde Zohran Mamdani en Nueva York ofrecen un nuevo ejemplo de los riesgos de convertir la ideología en política de Estado.

Lo que ocurre en Nueva York merece atención mucho más allá de sus fronteras. Las primeras medidas impulsadas por el alcalde Zohran Mamdani, identificado con el socialismo democrático, muestran el rumbo que puede tomar una ciudad cuando las ideas ideológicas comienzan a imponerse sobre los principios de propiedad privada, seguridad pública y responsabilidad fiscal.

En apenas unos días, Mamdani avanzó con decisiones que han encendido las alarmas sobre el futuro de la ciudad y que podrían anticipar el modelo político que sus promotores pretenden extender a otros puntos de Estados Unidos.

Una de las medidas es la firma de la Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria (COPA), que modifica las condiciones para la venta de determinados edificios residenciales multifamiliares. La normativa otorga a organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios una oportunidad preferente para adquirir ciertas propiedades antes de que los propietarios puedan cerrar operaciones con compradores del mercado abierto.

En la práctica, el mecanismo introduce nuevas restricciones al proceso de venta y reduce la libertad de los propietarios para disponer de sus inmuebles. La cuestión de fondo es especialmente delicada: si el dueño de una propiedad no puede decidir libremente a quién venderla y bajo qué condiciones, el derecho de propiedad deja de tener el alcance que históricamente se le ha reconocido.

El segundo frente está relacionado con la seguridad. Mamdani dispuso la disolución del Grupo de Respuesta Estratégica del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), una unidad especializada en operaciones vinculadas al contraterrorismo y a la respuesta ante protestas y disturbios.

La decisión supone un cambio significativo en la estructura de respuesta policial de una ciudad que conoce de primera mano los riesgos del terrorismo y los episodios de desorden a gran escala. La reorganización contempla trasladar parte de las funciones de respuesta ante protestas a civiles desarmados, una apuesta que despierta interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para actuar frente a situaciones que pueden escalar rápidamente y exigir una respuesta especializada.

El tercer punto golpea directamente al bolsillo de los ciudadanos. La promesa de implementar autobuses gratuitos se enfrenta ahora a un déficit estimado en 200 millones de dólares que deberán afrontar los usuarios del sistema de transporte metropolitano, mientras la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ya contempla un posible aumento de tarifas de aproximadamente el 4% para 2027.

Así, una propuesta presentada como un beneficio para la población termina abriendo un nuevo interrogante sobre quién asumirá realmente sus costos. La gratuidad anunciada no elimina los gastos: simplemente desplaza la carga hacia otros usuarios y contribuyentes.

Las tres decisiones reflejan una misma orientación política: mayor intervención sobre la propiedad privada, una transformación de los mecanismos tradicionales de seguridad y promesas públicas cuyos costos terminan trasladándose a la ciudadanía.

El problema no se limita a Nueva York. La ciudad puede convertirse en un laboratorio de políticas que sus impulsores aspiren a reproducir en el resto del país. Sus habitantes pasan a ser los primeros en experimentar las consecuencias de un modelo que promete redistribuir beneficios, pero que puede terminar debilitando derechos, comprometiendo capacidades institucionales y aumentando las cargas económicas de la población.

Hace apenas unos días, en un artículo titulado «Estados Unidos frente a su propia decadencia: las ideas que podrían derribar al imperio desde adentro», advertíamos sobre el costo de creer en ideas equivocadas y permitir que determinadas corrientes ideológicas desplacen los principios que sostuvieron el desarrollo y la fortaleza del país. Lo que está ocurriendo bajo la administración de Mamdani vuelve a poner esa discusión sobre la mesa.

La historia demuestra que las promesas políticas no sustituyen la realidad económica, que la seguridad no puede depender únicamente de consignas y que la propiedad privada pierde sentido cuando queda subordinada a decisiones discrecionales del poder.

Nueva York está ante una prueba política de gran escala. Y el resto de Estados Unidos debería observar con atención: lo que hoy se presenta como el comienzo de una transformación en la ciudad podría convertirse mañana en el modelo que otros quieran imponer a todo el país.

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