La falta de medicamentos en los hospitales públicos es una realidad que no necesita demasiadas explicaciones. El problema aparece cuando llega el momento de decidir cómo financiar esas obligaciones: ¿hay que cobrar más impuestos o empezar por revisar cómo se está gastando el dinero público?
El senador Líder Amarilla propone elevar del 10% al 15% la tasa del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) para las entidades financieras. Según su proyecto, el 60% de la recaudación adicional se destinaría a medicamentos e insumos médicos, mientras que el 30% iría al financiamiento de la pensión universal para adultos mayores.
El destino de esos recursos suena razonable. Nadie puede discutir la importancia de que haya medicamentos en los hospitales o de que los adultos mayores cuenten con ingresos para vivir con dignidad. Pero una cosa es estar de acuerdo con esos objetivos y otra muy distinta es aceptar que la solución pase, una vez más, por aumentar los impuestos.
Porque hay una pregunta que sigue sin responderse: ¿qué está haciendo el Estado con todo el dinero que ya recauda?
En medio de esta discusión, el senador Gustavo Leite viene insistiendo con otro camino. Junto con otros legisladores, impulsó una propuesta para redireccionar G. 500.000 millones de partidas consideradas prescindibles hacia la compra de medicamentos para el Ministerio de Salud.
La iniciativa apunta a revisar gastos como viáticos, catering, ceremoniales, publicidad, consultorías y otras erogaciones administrativas. En otras palabras, buscar dinero dentro del propio presupuesto antes de pedir un esfuerzo adicional a los contribuyentes.
La diferencia entre ambas propuestas es sencilla de entender. Amarilla busca más recursos mediante un aumento de la tasa impositiva. Leite plantea revisar en qué se gasta, recortar lo que considera innecesario y dar prioridad a las necesidades más urgentes.
El proyecto de Amarilla contempla impedir que la recaudación adicional se utilice para salarios, consultorías, publicidad institucional, vehículos y otros gastos administrativos ajenos a los objetivos previstos. La intención es evitar que esos fondos terminen financiando rubros que no corresponden. Sin embargo, esa misma lista plantea una pregunta incómoda para la clase política: si hay gastos que no deberían financiarse con el dinero destinado a medicamentos y pensiones, ¿por qué no revisar también si son necesarios dentro del presupuesto general?
La eficiencia del gasto público no puede aplicarse solamente a los nuevos ingresos. Debe ser una obligación permanente. Cada institución debería justificar sus gastos, demostrar qué resultados obtiene y explicar por qué necesita los recursos que solicita.
El Estado no puede funcionar bajo la lógica de que, cada vez que aparece una necesidad, la respuesta es buscar una nueva forma de recaudar. Las empresas deben cuidar sus costos, las familias tienen que ajustar sus presupuestos y quienes trabajan por cuenta propia saben que no pueden gastar indefinidamente por encima de sus posibilidades. La administración pública también debería actuar con esa responsabilidad.
Además, elevar cinco puntos porcentuales la tasa del IRE para las entidades financieras requiere un análisis serio de sus posibles efectos sobre la actividad económica, el crédito y la inversión. No basta con señalar el destino de la recaudación: también hay que explicar por qué ese aumento sería preferible a otras alternativas.
Si faltan medicamentos, hay que revisar las compras, la planificación, la distribución y la ejecución presupuestaria. Si se necesitan recursos para los adultos mayores, hay que garantizar que el presupuesto priorice esa obligación. Y si existen gastos innecesarios, deben identificarse y reducirse, en lugar de dejar que se acumulen mientras se buscan nuevos ingresos.
La propuesta de Amarilla ya fue presentada ante el Senado y remitida a las comisiones asesoras. Durante su estudio, sería razonable que los legisladores no se limiten a debatir cuánto dinero adicional podría recaudarse, sino que también examinen cuánto podría obtenerse mediante una mejor administración del presupuesto existente.
Los medicamentos y las pensiones son necesidades reales, tan reales como la obligación estatal de cuidar el dinero de los contribuyentes. No debería ser necesario aumentar impuestos cada vez que el Estado necesita responder a una demanda social, especialmente sin haber demostrado antes que revisó sus gastos y aprovechó los recursos disponibles. El Estado tiene que demostrar que administra bien antes de pedir más.
