En Francia, miles de jóvenes siguen movilizados en distintas ciudades del país, mientras crecen los enfrentamientos con la policía y se suman profesores, sindicatos y otros sectores sociales. Todo esto ocurre además en un momento especialmente complicado para el presidente Emmanuel Macron, con una economía debilitada, poco margen fiscal y menos de un año para terminar su mandato.
Lo que comenzó como una manifestación de estudiantes secundarios en apoyo a profesores en huelga en un instituto de las afueras de París, se transformó rápidamente en una movilización de alcance nacional. El martes 6 de octubre se vivió hasta ahora la jornada más masiva, con cerca de 266 mil manifestantes según las autoridades y más de 450 mil de acuerdo con los organizadores. Solo en París, la policía calculó más de 50 mil personas en las calles, pero las organizaciones sindicales hablaron de hasta 100 mil.
Las demandas comenzaron concentradas en problemas bastante concretos del sistema educativo: falta de profesores y reemplazos, infraestructura deteriorada, salas con demasiados alumnos, largas jornadas escolares y las dificultades para acceder a una educación superior más desigual que antes. Pero en apenas unos 10 días el movimiento pasó de un liceo en Créteil a afectar cerca del 30% de los aproximadamente 3.600 liceos franceses.
Las actuales protestas estudiantiles ya son las más numerosas desde el 2006, aunque todavía no alcanzan el nivel que posteriormente tuvo ese movimiento cuando se sumaron masivamente sindicatos y trabajadores.
La violencia como otro eje de las protestas
El elemento que más preocupa ahora es el grado de violencia que ha acompañado algunas de estas jornadas. El balance acumulado habla de al menos 215 estudiantes, 85 trabajadores de la educación y alrededor de 750 policías y gendarmes heridos, además de más de 6 mil 500 detenciones. Hay también casos especialmente graves que se transformaron en símbolos del movimiento.
En Lens, un joven de 15 años perdió una mano y el Ministerio del interior reconoce una fuerte posibilidad de que la lesión haya sido provocada por una granada policial. En Tours, otro adolescente de 16 años perdió la visión de un ojo tras una lesión compatible con un proyectil de goma.
Los incidentes obligaron al gobierno a modificar parcialmente su estrategia. Tras el caso de Lens, Interior suspendió temporalmente el uso de granadas ensordecedoras mientras se investiga lo ocurrido. No obstante, mantiene el despliegue de policías antidisturbios y gendarmes móviles y defiende una intervención rápida frente a incendios, bloqueos violentos y destrucción de propiedad. El argumento oficial es que debe distinguirse entre estudiantes con reivindicaciones legítimas y grupos que aprovechan las protestas para provocar disturbios.
El problema es que la propia actuación policial comenzó a convertirse en un nuevo motivo de movilización. En distintas ciudades se ha visto a padres, profesores, sindicalistas e incluso autoridades locales, como el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, formando barreras humanas entre los adolescentes y las fuerzas de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos. Las consignas sobre los jóvenes gravemente heridos ya aparecen en las marchas.
A todo esto se suma la compleja situación económica. Francia enfrenta un crecimiento proyectado de apenas 0,4%, un desempleo que podría llegar al 8,4% y un déficit público cercano al 5,4% del PIB. La deuda pública se mueve alrededor del 120% del producto y el costo de financiarla aumentó considerablemente, con los bonos franceses a 10 años alcanzando niveles no vistos en más de dos décadas.
Así, aparece una contradicción muy difícil de resolver: las protestas están pidiendo más profesores, mejores colegios, más funcionarios y mayor inversión en servicios públicos. Pero los mercados financieros, Bruselas y las instituciones económicas están exigiendo justamente lo contrario: reducir el déficit, estabilizar la deuda y contener el gasto. Las demandas de los estudiantes no pueden solucionarse solamente retirando una medida puntual.
El gobierno puede intentar redistribuir partidas, aumentar algunos ingresos o aplicar un ajuste más gradual, pero cada una de esas decisiones tiene costos políticos.
