En la literatura francesa existe un personaje que representa una de las deformaciones más peligrosas de la práctica médica: el doctor Knock, protagonista de la obra Knock o el triunfo de la medicina, de Jules Romains. Su método consiste en convertir cualquier malestar en una enfermedad, crear una necesidad permanente de tratamiento y transformar la preocupación del paciente en una fuente de ingresos. Allí donde había personas sanas, Knock veía clientes potenciales.
La ironía del título parece adquirir una inquietante actualidad en el Paraguay. Porque mientras el doctor Knock triunfaba haciendo creer que todos estaban enfermos, hoy asistimos a una suerte de “triunfo de la medicina” sindical, donde la sociedad termina siendo presentada como responsable de resolver, sin discusión, cada demanda salarial de un sector privilegiado.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Sindicato Nacional de Médicos contempla un reajuste de hasta G. 2 millones por vínculo laboral, aplicado gradualmente desde abril de 2027, además de compromisos sobre nombramientos, condiciones hospitalarias, medicamentos, insumos y pago por trabajo en feriados. El entendimiento todavía debe ser sometido a una asamblea gremial para definir el levantamiento de la huelga prevista para el 21 y 22 de septiembre.
El problema no es que los médicos reclamen mejores condiciones. Todo trabajador tiene derecho a exigir una remuneración que considere justa. El problema comienza cuando una reivindicación sectorial se transforma en una presión capaz de paralizar servicios esenciales, poner en riesgo a los pacientes y trasladar la factura completa a una ciudadanía que jamás fue invitada a la mesa de negociación.
¿Quién representa al paciente? ¿Quién defiende al ciudadano que debe esperar meses por una consulta, que recibe una cirugía reprogramada, que llega a un hospital sin medicamentos o que debe soportar malos tratos, ausencias, llegadas tardías y una atención deficiente? ¿Quién negocia en nombre de la familia que paga impuestos, compra medicamentos de su bolsillo y, aun así, financia con sus recursos el pago de los aumentos salariales?
La ciudadanía no puede ser reducida al papel de espectadora silenciosa. Si el Estado decide que los médicos paraguayos deben convertirse en los mejores pagados de Hispanoamérica, la sociedad tiene derecho a exigir, en correspondencia, el mejor de los tratos en los hospitales públicos.
Eso significa atención digna, puntualidad, respeto, responsabilidad, disponibilidad, continuidad de los servicios y resultados. Significa que no pueden naturalizarse la mala praxis, los malos tratos, los turnos perdidos, los reagendamientos permanentes, la falta de empatía ni el abandono de los pacientes. Un salario elevado no compra impunidad, pero sí eleva las expectativas y la responsabilidad pública.
No se puede reclamar una remuneración de primer nivel y ofrecer, en contrapartida, un servicio de tercera categoría. No se puede exigir el máximo esfuerzo presupuestario a la sociedad y considerar que la calidad de la prestación es un asunto secundario.
El acuerdo también abre una puerta peligrosa: la posibilidad de que otros gremios entiendan que la fórmula más eficaz para obtener beneficios consiste en presionar, paralizar y convertir a la ciudadanía en rehén. Si cada sector reclama aumentos por encima de la productividad, de la calidad del servicio o de las posibilidades reales del presupuesto, el país ingresará en un ciclo de extorsión corporativa. Cada sindicato buscará su propio privilegio y todos presentarán la cuenta al mismo contribuyente.
El Estado no produce dinero. Administra recursos que provienen de los ciudadanos. Cada aumento, cada bonificación y cada nuevo vínculo laboral debe ser financiado con impuestos, deuda, recortes en otros sectores o una combinación de todos ellos. Por eso resulta inadmisible que quienes pagan la cuenta sean excluidos de la discusión.
También corresponde examinar con seriedad la dimensión política del conflicto. Durante la movilización aparecieron dirigentes y actores vinculados a distintas corrientes ideológicas. Entre ellos, y además de la propia Rossana González, se menciona a Joaquín Silva Góngora, médico cubano que llegó al Paraguay en el marco de la cooperación médica cubana y que posteriormente desarrolló actividad profesional en San Pedro, para luego adquirir visibilidad como dirigente sindical médico.
Esto no constituye, por sí solo, prueba de una conspiración ni permite afirmar que la huelga sea dirigida por una estructura extranjera. Pero sí justifica preguntas legítimas: ¿qué vínculos políticos, sindicales y organizativos existen entre los dirigentes de la movilización, organizaciones de izquierda paraguayas y estructuras históricamente vinculadas a Cuba? ¿Estamos ante una reivindicación estrictamente salarial o existen sectores políticos intentando capitalizar y profundizar el conflicto? ¿Qué papel cumplen los médicos paraguayos formados en Cuba y los profesionales cubanos que participan en la organización gremial?
La solidaridad gremial no puede convertirse en una licencia para chantajear al país. La defensa de los derechos laborales no puede estar separada de los deberes profesionales. Y la autonomía sindical no puede utilizarse como escudo para impedir que la sociedad conozca quiénes toman las decisiones, quiénes financian las movilizaciones y qué intereses políticos pueden estar detrás de ellas.
El verdadero triunfo de la medicina no será el aumento conseguido en una mesa de negociación. Será que un ciudadano pueda entrar a un hospital público y recibir atención de calidad sin tener que rogar, esperar indefinidamente o comprar por su cuenta lo que el Estado debería garantizar.
Si el aumento ya fue concedido, ahora comienza la parte más importante: demostrar que cada guaraní invertido en el sector salud se traduce en un servicio mejor. Porque la ciudadanía no pidió ser rehén de ningún gremio, pidió salud, y esta vez, tiene derecho a exigirla.
