Lo que comenzó como un reclamo por controles sanitarios terminó dejando expuesto un problema más profundo, y es el temor de los ganaderos españoles de perder espacio y mercado frente a la carne bovina de los países miembros del Mercosur. El claro ejemplo es la propuesta de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) de bloquear la proteína roja a los demás miembros del Mercosur, como se hizo con Brasil.
El argumento sanitario merece atención y debe ser tomado con seriedad porque cualquier producto que ingrese a la Unión Europea tiene que cumplir las reglas establecidas por el bloque, pero el reclamo español también debe analizarse dentro de un escenario comercial concreto.
El temor de los productores europeos frente al avance de la carne del Mercosur tiene cada vez más un componente comercial que resulta difícil disimular. Antes de que la Unión Europea decidiera bloquear la carne brasileña, la organización española ya advertía que el ingreso de productos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay estaba aumentando con fuerza.
También alegaba una supuesta presión a los precios del ganado en España, con un crecimiento del 340% en las importaciones durante los primeros cinco meses del año frente al mismo periodo de 2025 y caídas de hasta 12% en algunas categorías. El reclamo sanitario, por tanto, aparece acompañado de una preocupación concreta por la competencia.
La producción del Mercosur representa un desafío que va mucho más allá del precio porque durante los últimos años la región consiguió construir una industria capaz de combinar escala, volumen, abastecimiento permanente y una calidad reconocida en los principales mercados internacionales.
Esa combinación resulta difícil de enfrentar para productores que trabajan con costos más elevados y que ahora encuentran en sus propios mercados una oferta importada que puede competir en diferentes frentes, precisamente en un momento en que los consumidores buscan calidad, pero también precios razonables.
Paraguay forma parte de esa transformación y ese es quizás uno de los puntos que más incomodan a quienes pretenden levantar nuevas barreras. La carne paraguaya dejó de depender de unos pocos destinos y logró ingresar a mercados exigentes como Israel, Estados Unidos y Taiwán, mientras Europa, aunque recibe una proporción mucho menor del volumen total, se mantiene como un destino especialmente atractivo por el valor que paga por tonelada.
Para un país que busca mejorar el posicionamiento de su producción, perder ese mercado significaría mucho más que dejar de vender una determinada cantidad de carne, ya que implicaría cerrar una puerta hacia un segmento de mayor valor.
Brasil fue el primero en recibir el golpe y ahora el reclamo apunta también contra Paraguay, Uruguay y Argentina, bajo el argumento de que todos deberían enfrentar controles más estrictos por cuestiones sanitarias, trazabilidad, deforestación y uso de determinadas sustancias.
La Unión Europea tiene todo el derecho de fijar sus reglas y exigir su cumplimiento, pero otra cosa muy distinta sería utilizar un caso específico como argumento para castigar a todo un bloque sin demostrar incumplimientos concretos en cada país. Si existen dudas sobre un determinado sistema, lo razonable es controlarlo, auditarlo y exigir correcciones, no asumir de antemano que todos producen bajo las mismas condiciones.
Los productores europeos enfrentan a una competencia que creció, mejoró su calidad, diversificó mercados y consiguió producir a una escala que Europa difícilmente puede igualar por sus propios costos y condiciones. Frente a esa realidad, cerrar el mercado puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no resuelve el verdadero desafío de fondo que es determinar cómo competir.
Europa puede defender a sus productores, pero debe hacerlo sin convertir sus normas sanitarias y ambientales en una herramienta para excluir a quienes lograron conquistar mercados con una producción cada vez más competitiva.
