Paraguay atraviesa una expansión sostenida de las políticas de protección social. Transferencias monetarias, pensiones, alimentación escolar y una creciente red de programas destinados a distintos sectores de la población forman parte de un sistema que el Estado presenta como una herramienta para garantizar derechos, reducir la pobreza y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.
Pero detrás de ese discurso existe un debate que pocas veces ocupa el centro de la discusión pública: ¿hasta qué punto un sistema diseñado para proteger puede terminar generando dependencia?
El análisis del modelo paraguayo de protección social permite advertir una creciente presencia del Estado en ámbitos que históricamente estuvieron vinculados a la familia y a las comunidades. La asistencia deja de ser solamente una respuesta frente a situaciones de necesidad y pasa a constituirse en una estructura permanente de intervención, seguimiento y administración de distintos aspectos de la vida social.
Dos programas permiten observar con claridad esta dinámica: “Vamos! Protección Social” y “Hambre Cero”. El primero busca articular la intervención de 30 instituciones estatales, mientras que el segundo amplía de manera masiva la participación del Estado en la alimentación de estudiantes de todo el país.
El problema, según el análisis, no reside únicamente en la existencia de estos programas, sino en la lógica sobre la cual están construidos.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al denominado “enfoque de derechos”. La retórica oficial habla de garantizar derechos y acompañar a las familias durante las distintas etapas de la vida. Sin embargo, determinados programas establecen condiciones que deben cumplirse para acceder o permanecer dentro del sistema.
El caso de Tekoporã resulta ilustrativo. Las familias deben cumplir determinadas corresponsabilidades, como la asistencia escolar y controles de salud, para mantener la transferencia monetaria. De esta manera, lo que se presenta como un derecho puede adquirir la forma de un beneficio condicionado al cumplimiento de determinadas exigencias.
Esta dinámica modifica también la relación entre ciudadano y Estado. La persona deja de ser únicamente un sujeto de derechos y pasa a convertirse en “beneficiaria”, mientras el Estado asume simultáneamente el papel de proveedor y fiscalizador.
A esto se suma la clasificación de la población en diferentes categorías de vulnerabilidad: mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidad y otros grupos. El riesgo es que esta segmentación termine fragmentando el tejido social en lugar de fortalecerlo.
Otro punto particularmente sensible es el concepto de “autonomía progresiva” aplicado a niños y adolescentes. El informe cuestiona que este criterio pueda desplazar el parámetro objetivo de la mayoría de edad y ampliar el margen de intervención estatal en decisiones que tradicionalmente correspondían a las familias.
“Vamos!” y la construcción de una red estatal cada vez más amplia
Lanzado en 2021, “Vamos! Protección Social” fue concebido como un mecanismo para articular la oferta de servicios sociales y coordinar la acción de unas 30 instituciones públicas.
En términos administrativos, la coordinación puede parecer una respuesta lógica frente a la fragmentación de las políticas públicas. Sin embargo, el informe plantea una pregunta diferente: ¿coordinar significa necesariamente fortalecer la autonomía de la ciudadanía?
La investigación sostiene que el programa no modifica la lógica de las condicionalidades ni de la segmentación de la población, sino que las integra dentro de una estructura estatal más amplia. Las Mesas de Protección Social, en este esquema, aparecen como espacios de articulación institucional antes que como mecanismos de participación directa de la ciudadanía.
El modelo, además, se encuentra vinculado a conceptos promovidos en agendas internacionales de protección social, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los lineamientos de organismos como la Organización Internacional del Trabajo.
Hambre Cero y una dependencia de alcance nacional
Si “Vamos!” representa la articulación del sistema, “Hambre Cero” representa su expansión a gran escala.
El programa cuenta con una inversión anual de entre USD 375 millones y USD 390 millones, según el apartado considerado, y alcanza a más de 1.050.000 estudiantes. Su alcance convierte a la alimentación escolar en una de las principales herramientas de presencia cotidiana del Estado en las familias paraguayas.
Pero el programa no se limita a proporcionar alimentos. Su implementación genera una extensa cadena económica que involucra a empresas, Mipymes y agricultores familiares. El informe estima entre 40.000 y 60.000 empleos directos e indirectos, además de USD 90 millones en facturación para Mipymes y G. 214.716 millones en compras a la agricultura familiar.
Precisamente por su magnitud, la política también genera una fuerte dependencia de los distintos actores respecto del funcionamiento del programa. Para las familias, la alimentación escolar representa un alivio económico considerable. El ahorro estimado alcanza unos G. 350.000 mensuales por hijo, según el informe. Para proveedores y productores, en tanto, el Estado se convierte en un comprador de enorme relevancia.
El problema aparece cuando esa dependencia se combina con retrasos en los pagos, denuncias sobre calidad o acusaciones de politización. En ese escenario, la política social puede convertirse también en un espacio de disputa por recursos y poder territorial.
El problema no sería cuánto se gasta, sino cómo
El debate sobre protección social también conduce inevitablemente a las cuentas públicas.
Según los datos recopilados en la investigación, el gasto social alcanzó en 2025 unos G. 37,1 billones, equivalentes aproximadamente a USD 5.100 millones, representando el 56% del presupuesto estatal ejecutado. Es decir, de cada G. 100 gastados por el Estado, G. 56 fueron destinados a programas sociales.
La magnitud de esos recursos obliga a cambiar la pregunta. No basta con discutir cuánto dinero destina el Estado a la protección social. También es necesario analizar cuánto de ese dinero llega efectivamente a quienes lo necesitan y cuánto se consume en estructuras administrativas, duplicidades, controles o mecanismos ineficientes.
La fragmentación institucional aparece como uno de los principales problemas. Diferentes ministerios, programas y niveles de gobierno administran recursos con criterios y sistemas propios. Esto puede provocar duplicación de esfuerzos, costos administrativos elevados y vacíos de cobertura.
Los programas condicionados también requieren sistemas de focalización, verificación y seguimiento que implican costos adicionales. El Estado debe identificar a los beneficiarios, comprobar que cumplen determinadas condiciones y mantener estructuras destinadas a controlar ese cumplimiento.
A ello se suman los riesgos de corrupción y clientelismo. En programas de gran volumen económico y con administración descentralizada, la distribución de recursos puede convertirse en un espacio de disputa política. El informe señala particularmente las denuncias vinculadas a “Hambre Cero”, incluyendo cuestionamientos sobre politización, calidad de los productos y pagos a proveedores.
No existen cifras oficiales que permitan determinar exactamente qué porcentaje del gasto social se pierde por burocracia, corrupción o ineficiencia. Sin embargo, se estima que se trata de un problema significativo y recuerda que estudios anteriores ya habían advertido sobre la baja eficiencia del gasto público paraguayo.
¿Más impuestos o mejor uso de los recursos?
En este contexto, estamos obligados a cuestionar que la solución pase automáticamente por aumentar la presión tributaria.
Los ingresos tributarios crecieron 8,5% en 2025, hasta alcanzar G. 42,25 billones, mientras que para 2026 se proyecta un nuevo incremento. Paralelamente, el déficit fiscal se redujo al 2% del PIB.
La discusión, por lo tanto, debería centrarse no solamente en conseguir nuevos recursos, sino en revisar la calidad del gasto existente.
Una reforma profunda implicaría identificar duplicidades, reducir estructuras administrativas innecesarias, fortalecer los mecanismos de transparencia y evaluar periódicamente si los programas realmente cumplen los objetivos para los cuales fueron creados.
El cuestionamiento va más allá de los números. El modelo actual corre el riesgo de construir una sociedad en la que la familia pierde capacidad de autonomía, las comunidades compiten por recursos estatales y el Estado termina concentrando una creciente cuota de poder y autoridad.
Lo que debemos plantear es recuperar el rol subsidiario del Estado. Esto supone que el Estado intervenga cuando las familias, comunidades u organizaciones intermedias no puedan resolver determinadas necesidades, en lugar de sustituirlas sistemáticamente.
El principio de subsidiaridad del Estado es un principio de rango constitucional que es pisoteado sistemáticamente con esta lógica de la protección social por parte del estado como primer garante de los derechos de los ciudadanos.
El cambio debería producirse de manera gradual: primero desmontando duplicidades y burocracia innecesaria; luego fortaleciendo la capacidad de autogestión comunitaria; y finalmente consolidando un sistema de protección basado en autonomía, subsidiariedad y rendición de cuentas, de acuerdo a nuestra constitución nacional.
La discusión sobre la protección social paraguaya, en definitiva, no debería reducirse a una disputa entre quienes quieren más o menos programas estatales. El verdadero debate es qué tipo de sociedad se pretende construir con ellos.
Proteger a una familia no debería significar convertirla en dependiente. Asistir a una comunidad no debería implicar sustituir su capacidad de organización. Y garantizar derechos no debería traducirse necesariamente en ampliar indefinidamente los mecanismos de vigilancia y control.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio en el que el Estado cumpla su función, netamente subsidiaria, sin desplazar a las familias, las comunidades y las organizaciones sociales que de forma natural han sido siempre la estructura de protección primordial de una sociedad.
Porque si la protección termina debilitando la autonomía que pretende preservar, la pregunta deja de ser cuánto protege el Estado y comienza a ser qué espacio queda para que la sociedad pueda protegerse a sí misma.
