Cuando los senadores Gustavo Leite o Antonio Barrios hablan de eliminar los gastos superfluos y de poner freno al derroche de la maquinaria estatal, no están hablando de una abstracción presupuestaria. No se trata únicamente de números en una planilla ni de conceptos difíciles de comprender para el ciudadano común. El despilfarro tiene nombres, cargos, salarios y, sobre todo, tiene el rostro de quienes cobran del Estado mientras no prestan un solo día de servicio a la institución que les paga.
Un caso que vuelve a poner esta discusión sobre la mesa es el de Paola Elizabeth Silguero, funcionaria del Poder Judicial que, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, recibió G. 133.920.000 entre salario, bonificaciones y otros gastos de personal, pese a encontrarse en Madrid realizando estudios y sin haber trabajado durante ese período en el Poder Judicial.
La funcionaria cuenta con una licencia especial autorizada por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el problema no es simplemente que una persona haya obtenido un permiso para capacitarse en el extranjero. La cuestión de fondo es otra: cuánto le cuesta al contribuyente sostener durante un año a una funcionaria que permanece fuera del país y no presta servicios efectivos a la institución.
Porque detrás de los millones hay una pregunta que las autoridades deberían responder con absoluta claridad: ¿cuál es el beneficio concreto que recibe el Estado a cambio de ese desembolso?
Y el caso no aparece aislado. También está el de Analía Carrillo Servín, relatora del máximo tribunal y nuera del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, quien lleva aproximadamente dos años capacitándose en España y ya habría percibido más de G. 270 millones en concepto de salario durante ese período.
No hace falta recurrir a grandes teorías para comprender por qué estos casos alimentan el malestar ciudadano. Mientras se les pide a las familias administrar cada guaraní, mientras se discuten nuevos impuestos, endeudamiento y restricciones presupuestarias, el Estado continúa sosteniendo estructuras en las que determinadas personas pueden permanecer durante largos períodos en el exterior y seguir cobrando recursos públicos.
La capacitación de funcionarios puede ser necesaria y, en determinados casos, incluso conveniente para mejorar la administración pública. Pero una cosa es invertir en formación y otra muy diferente es convertir el presupuesto estatal en una fuente de financiamiento permanente sin una explicación convincente sobre el retorno de esa inversión.
Por eso, cuando algunos legisladores plantean revisar los gastos considerados superfluos, la discusión debería ir mucho más allá de los discursos. Hay que mirar los casos concretos, revisar las excepciones, transparentar las licencias, conocer quién las autoriza, bajo qué condiciones y qué resultados producen. El dinero público no es dinero de nadie. Es dinero de todos.
G. 133,9 millones en un año. Más de G. 270 millones en otro caso. Son cifras que pueden parecer pequeñas frente al tamaño del Presupuesto General de la Nación, pero adquieren otra dimensión cuando se multiplican por cientos o miles de situaciones similares dentro de una administración pública que permanentemente reclama más recursos.
El verdadero desafío no consiste solamente en conseguir más dinero para el Estado, sino en demostrar que cada guaraní que ya tiene se utiliza de manera responsable.
El derroche estatal no siempre aparece en una gran obra inconclusa o en un contrato millonario. A veces se esconde detrás de un salario que se sigue pagando, de una bonificación que se mantiene y de una licencia que permite ausentarse durante meses mientras la cuenta continúa llegando al contribuyente. Y justamente ahí es donde la promesa de combatir los gastos superfluos debería comenzar a convertirse en hechos.
