La empresa estatal, que durante décadas operó como actor dominante de las telecomunicaciones paraguayas, comunica que ya no puede reponer líneas convencionales afectadas por el robo de cables y propone a los usuarios migrar a fibra óptica. El episodio expone una crisis que va mucho más allá de la delincuencia: una empresa pública con una posición privilegiada en el mercado terminó acumulando deudas, pérdidas y problemas operativos hasta tener dificultades para sostener su propia infraestructura.
Una comunicación enviada por COPACO a sus clientes resume, en pocas líneas, una parte de la crisis que atraviesa la empresa estatal. Debido a los reiterados robos de cables de su red convencional, la compañía informa que ya no puede reponer las líneas afectadas y ofrece como alternativa la migración a una conexión de fibra óptica.
La fibra óptica es, naturalmente, una tecnología más moderna y puede formar parte de cualquier proceso razonable de actualización de una red de telecomunicaciones. Pero el episodio adquiere otra dimensión cuando la propia empresa estatal explica que la sustitución se produce porque ya no puede sostener la infraestructura convencional frente a los reiterados robos.
El problema es que COPACO no llega a esta situación desde una posición financiera sólida. La empresa arrastra desde hace años una crisis que ha comprometido su capacidad operativa. En 2025, su entonces presidente, Óscar Stark, señalaba que los compromisos mensuales de la compañía superaban sus ingresos y que la empresa venía registrando pérdidas superiores a G. 150.000 millones por año.
En 2026, la situación continúa siendo delicada. La Cámara de Diputados analizó proyectos destinados a atender la situación financiera de COPACO y documentos parlamentarios ubican su deuda en torno a USD 110 millones, señalando que esa carga afecta su capacidad para realizar inversiones básicas, actualizar su infraestructura e incluso afrontar determinadas obligaciones laborales.
La propia conducción de la compañía reconoce la gravedad del escenario. En julio, el gerente general de COPACO, Gilles García, afirmó que Vox se encontraba “muy mal financieramente” y explicó que desde 2024 se buscaban inversionistas capaces de aportar capital. Al mismo tiempo, la empresa avanzaba en un proceso de reestructuración y revisión de sus cuentas.
Es precisamente en este contexto donde el robo de cables adquiere una dimensión distinta. Para una empresa que atraviesa dificultades financieras, cada tramo de infraestructura destruido representa un costo adicional de reposición, mantenimiento y atención al usuario. Pero cuando esos recursos ya son escasos, la respuesta termina siendo modificar la propia prestación del servicio.
Así, el ciudadano recibe una explicación sencilla: los cables son robados y la solución es migrar a fibra óptica. Lo que queda fuera de la comunicación es el problema estructural que esa situación revela: ¿cómo puede una empresa estatal encargada de prestar un servicio estratégico llegar al punto en que no tiene capacidad para reponer su propia infraestructura?
COPACO no opera en un mercado cualquiera. Se trata de una empresa con participación mayoritaria del Estado y con una función estratégica dentro de las telecomunicaciones nacionales. Sin embargo, durante años ha acumulado dificultades financieras, exceso de personal, infraestructura que requiere modernización y una pérdida sostenida de competitividad.
En julio, La Tribuna reportó que la compañía seguía enfrentando una crisis vinculada a un plantel considerado excedente y una deuda que rondaba los USD 120 millones, mientras se analizaban mecanismos para reestructurar su funcionamiento y trasladar parte del personal a otras dependencias públicas.
La paradoja es evidente: una empresa estatal creada para garantizar comunicaciones y que durante décadas tuvo una posición privilegiada en el mercado terminó necesitando una reestructuración profunda para poder seguir funcionando. Y ahora, además, debe explicar a sus clientes que determinados servicios ya no pueden ser repuestos porque la infraestructura es reiteradamente robada.
El robo de cables, por supuesto, es un delito y genera un perjuicio concreto. COPACO ha denunciado estos hechos durante años y la problemática también afecta a otras empresas públicas, como la ANDE. Pero la delincuencia no explica por sí sola la situación financiera de la compañía ni sus problemas históricos de gestión.
Existe además una segunda responsabilidad estatal: combatir el circuito que permite que el cobre y otros materiales robados encuentren compradores. En febrero de este año, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, reconoció dificultades para enfrentar a quienes compran y comercializan cobre robado y señaló la necesidad de mejorar la identificación de esos puntos de reducción.
El caso, por tanto, expone dos problemas que se superponen. Por un lado, la inseguridad que permite que la infraestructura pública sea sistemáticamente atacada. Por otro, una empresa estatal que llega a ese escenario después de años de dificultades económicas y administrativas.
La cuestión de fondo no es solamente por qué roban los cables. Es cómo una empresa pública que debería tener capacidad para planificar, invertir, mantener y modernizar sus redes terminó trasladando al usuario las consecuencias de una infraestructura que ya no consigue sostener.
La migración a fibra óptica puede ser técnicamente conveniente y, a largo plazo, necesaria. Pero no puede ocultar el dato principal: COPACO necesita modernizarse no solamente en sus redes, sino también en su modelo de gestión.
Porque el caso de los cables es apenas una fotografía de una crisis mucho más amplia. Una empresa estatal con una función estratégica, con décadas de presencia en el mercado y con el respaldo institucional del Estado enfrenta hoy una deuda millonaria, dificultades financieras, problemas de eficiencia y la necesidad de buscar inversionistas para sostener sus operaciones.
El episodio vuelve a poner en discusión una de las grandes paradojas de las empresas públicas paraguayas: contar con una posición privilegiada o estratégica en un sector no garantiza eficiencia, sostenibilidad ni buenos servicios. COPACO demuestra que un monopolio o una posición dominante tampoco inmunizan a una empresa estatal contra la mala gestión.
