Hay una premisa sobre la que prácticamente nadie discute: la carne paraguaya necesita seguir ganando presencia en los mercados internacionales. La marca país debe fortalecerse, abrir nuevos destinos y consolidar el prestigio que la producción nacional construyó durante décadas. El desacuerdo comienza cuando se pretende alcanzar ese objetivo mediante la creación de un nuevo instituto financiado con aportes obligatorios de los productores.
Promocionar la carne paraguaya es una buena idea. Hacerlo mediante una nueva estructura pública con capacidad para recaudar recursos compulsivamente, no.
La historia económica de América Latina está repleta de organismos creados con los mejores discursos y las más nobles intenciones que terminaron convertidos en estructuras burocráticas costosas, alejadas de los productores y cada vez más dependientes de mayores recursos. Lo que comienza como una oficina de promoción suele terminar transformándose en un aparato administrativo que necesita justificar permanentemente su existencia, ampliar funciones, contratar personal y aumentar su presupuesto.
La región ofrece suficientes antecedentes para actuar con prudencia. Argentina constituye probablemente el ejemplo más cercano de cómo la creciente intervención estatal en la cadena cárnica terminó generando distorsiones, pérdida de competitividad, restricciones a las exportaciones y un profundo deterioro de uno de los sectores históricamente más dinámicos de su economía.
Pero el principal problema no radica siquiera en la existencia del instituto, sino en la forma en que se pretende financiarlo.
Si un grupo de productores, frigoríficos o exportadores considera necesario crear una entidad privada para promocionar la carne paraguaya, no existe objeción alguna. Muy por el contrario, sería un legítimo ejercicio de libertad empresarial. Podrían aportar quienes crean en el proyecto, administrar sus propios recursos y asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos.
Lo que resulta difícil de justificar es que esa decisión termine convirtiéndose en una obligación para todo el sector mediante una ley que imponga nuevos aportes, tasas o contribuciones. Porque detrás de cualquier nombre técnico siempre existe una realidad económica ineludible: alguien paga la cuenta.
La pagará el pequeño productor que apenas logra sostener su establecimiento, la pagará el mediano ganadero que verá reducirse aún más sus márgenes, la pagarán los frigoríficos que inevitablemente trasladarán parte de esos mayores costos a la cadena comercial y, finalmente, la terminará pagando el consumidor, que verá reflejado ese nuevo costo en el precio de los alimentos.
Cada nuevo gravamen reduce competitividad, cada nueva tasa encarece la producción, cada nueva estructura burocrática demanda más recursos para sostenerse. Esa ecuación no cambia porque el impuesto reciba un nombre más atractivo.
Los propios referentes del sector advirtieron que el instituto difícilmente resolverá los problemas estructurales del mercado. No solucionará la concentración industrial, no garantizará mejores precios para el productor ni modificará por sí solo el posicionamiento internacional de la carne paraguaya. Los frigoríficos ya invierten millones de dólares en abrir mercados y construir relaciones comerciales. La promoción internacional no comienza con un instituto; comienza con empresas que compiten todos los días por vender un producto de calidad.
Si realmente existe interés en fortalecer la presencia de la carne paraguaya en el mundo, las alternativas abundan: mayor coordinación entre el sector privado, campañas voluntarias de promoción, alianzas comerciales, participación conjunta en ferias internacionales y una mejor articulación con las embajadas y agregadurías comerciales. Ninguna de esas opciones requiere crear un nuevo organismo financiado compulsivamente.
Paraguay construyó una de las ganaderías más competitivas del continente precisamente porque evitó cargar al sector con el nivel de intervencionismo que terminó debilitando a otros países. Esa ventaja no debe sacrificarse ahora en nombre de una institución cuyo principal efecto visible sería aumentar los costos de producción.
La carne paraguaya necesita más mercados, más libertad y más competitividad. Lo que no necesita es otro instituto sostenido por recursos obligatorios que, como ocurrió tantas veces en América Latina, corre el riesgo de convertirse en una burocracia permanente financiada por quienes producen y, finalmente, por quienes consumen.
