La decisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de anunciar que el país dejará de celebrar elecciones presidenciales provocó una ola de reacciones internacionales. Sin embargo, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, evitó emitir una condena directa y defendió el principio de no intervención, una postura que generó cuestionamientos por parte de diversos sectores políticos y analistas.
El anuncio de Ortega fue realizado durante el acto por el 47.º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, donde afirmó que Nicaragua ya no recurrirá al voto como mecanismo para definir el poder político. Según sostuvo, los procesos electorales fueron utilizados históricamente por actores respaldados desde el exterior para intentar desestabilizar al país.
«Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder», declaró el mandatario nicaragüense durante su discurso en Managua.
Consultada sobre esas afirmaciones durante su conferencia matutina, Sheinbaum optó por no cuestionar la decisión del gobierno nicaragüense y reiteró la política exterior tradicional de México basada en la autodeterminación de los pueblos.
«Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua, y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos», expresó la mandataria mexicana. Ante nuevas preguntas sobre el tema, insistió: «Cada país decide, cada pueblo decide».
La ausencia de una condena explícita fue interpretada por diversos sectores como una negativa del Gobierno mexicano a pronunciarse frente a una medida que elimina la competencia electoral como vía para acceder al poder en Nicaragua.
Las declaraciones de Sheinbaum reavivaron el debate sobre el alcance del principio de no intervención en la política exterior mexicana, especialmente cuando se trata de situaciones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones democráticas y el respeto a los mecanismos electorales en la región.
