El cambio de presidente de la ANDE no ocurrió en un vacío. Se produjo apenas un mes después de que la empresa estatal rechazara modificar las condiciones técnicas, económicas y tarifarias solicitadas por ATOME Paraguay para su planta de fertilizantes verdes en Villeta.

El 26 de junio, bajo la presidencia de Félix Sosa, la ANDE comunicó que, después de realizar los análisis técnicos y financieros, no resultaba factible aceptar las modificaciones planteadas por la compañía. El 27 de julio, el Poder Ejecutivo designó a Miguel Báez Reyes como nuevo presidente de la institución.

La coincidencia temporal no demuestra por sí sola que Sosa haya sido removido por su posición frente a ATOME. El propio ex presidente negó haber recibido presiones. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE sostiene que su reemplazo está relacionado con su negativa a firmar las condiciones tarifarias reclamadas por la empresa.

Por eso, la pregunta institucional sigue pendiente: ¿el nuevo presidente mantendrá el criterio técnico de la ANDE o aceptará las condiciones que la administración anterior consideró perjudiciales para la empresa pública?

Una tarifa que define el negocio

ATOME proyecta construir una planta de 260.000 toneladas anuales de fertilizante de bajas emisiones. El proyecto es presentado como una instalación de 145 MW, aunque el modelo financiero comunicado por la compañía contempla inicialmente un consumo de 123,25 MW.

La propia empresa reconoce que la electricidad representa más del 75 % de sus gastos operativos. Por tanto, el precio de la energía no es un detalle contractual: es el elemento que determina la rentabilidad del proyecto.

ATOME estructuró su financiamiento sobre una tarifa fija de USD 30,15 por megavatio hora durante los primeros quince años de un contrato de suministro de veinticinco años. Ese régimen había sido respaldado por decretos presidenciales que posteriormente fueron dejados sin efecto.

Frente a ese precio, un estudio técnico elaborado para la ANDE recomendó elevar gradualmente la tarifa media del sistema desde USD 49,2/MWh hasta USD 68,6/MWh entre 2026 y 2030, con el objetivo de cubrir el costo integral del servicio y financiar las inversiones requeridas por el crecimiento de la demanda.

No significa que toda la energía cueste actualmente USD 68,6/MWh. Significa que el sistema necesitaría recuperar progresivamente ese valor medio para sostener generación, transmisión, distribución y nuevas inversiones.

Una tarifa fija de USD 30,15/MWh durante quince años quedaría muy por debajo de ese nivel.

La diferencia no desaparece. La absorbe la ANDE, reduce su capacidad de inversión, se traslada a los demás usuarios o termina cubierta mediante recursos públicos.

Eso constituye una subvención, aunque no figure expresamente como tal en el presupuesto.

NEOM: la infraestructura que exige el amoníaco verde

El proyecto NEOM de Arabia Saudita permite dimensionar cuánto cuesta producir hidrógeno y amoníaco verde sin depender de una red pública existente.

El complejo integra hasta 4 GW de generación solar y eólica dedicada, almacenamiento, electrolizadores, una red eléctrica interna, instalaciones industriales y estructura de exportación.

La inversión total alcanzó aproximadamente USD 8.400 millones, financiada mediante aportes de los socios y más de USD 6.000 millones de financiamiento de bancos e instituciones internacionales. Air Products asumió además un contrato de ingeniería, construcción e integración por USD 6.700 millones.

La diferencia con ATOME es esencial.

NEOM construye la generación que necesita. Internaliza el costo de producir, almacenar y transportar la energía utilizada por su planta.

ATOME, en cambio, pretende fundamentar su competitividad en el acceso prolongado a energía hidroeléctrica paraguaya a un precio fijo sensiblemente inferior al valor que el sistema necesitaría recuperar en los próximos años.

Arabia Saudita y sus socios construyen una nueva infraestructura energética para producir amoníaco verde. Paraguay aportaría energía firme ya existente y asumiría el costo de reemplazarla cuando el excedente hidroeléctrico disminuya.

Fertilizante verde y fertilizante producido con gas

También debe analizarse si el modelo será realmente conveniente para el agricultor paraguayo.

La producción convencional de amoníaco utiliza principalmente gas natural como materia prima y fuente de energía. Según IRENA, el costo de producción del amoníaco basado en combustibles fósiles se sitúa aproximadamente entre USD 110 y USD 340 por tonelada. En plantas nuevas de amoníaco renovable, el costo estimado se encuentra actualmente entre USD 720 y USD 1.400 por tonelada.

Estos valores corresponden al amoníaco y no al fertilizante terminado entregado al agricultor. El precio final también incorpora transformación industrial, otros insumos, almacenamiento, transporte, financiamiento y margen comercial.

Pero la diferencia estructural permanece: producir hidrógeno mediante electrólisis y convertirlo en amoníaco verde continúa siendo considerablemente más costoso que utilizar gas natural.

Paraguay posee gas en el Chaco que ya fue producido, vendido a la ANDE y utilizado para generar electricidad en Bahía Negra. El pozo Independencia #1 produjo 27.200 metros cúbicos diarios y permitió sustituir hasta el 80 % del gasoil utilizado por el generador local.

Ese recurso podría estudiarse como materia prima para una industria nacional de amoníaco y fertilizantes, además de contribuir a la generación eléctrica firme y a la sustitución de combustibles importados.

El fertilizante producido con gas tendría una huella de carbono mayor. Esa es una desventaja real. Pero podría presentar un costo industrial sustancialmente menor y responder prioritariamente a las necesidades del mercado paraguayo.

Si el agricultor paga menos, ¿quién paga la diferencia?

Puede ocurrir que el fertilizante verde de ATOME llegue al agricultor a un precio competitivo. Pero, en ese caso, el mayor costo de producción no habrá desaparecido: alguien habrá absorbido la diferencia.

Podría asumirla ATOME, aceptando una rentabilidad menor. Podría asumirla Yara o el comprador internacional, pagando una prima por el atributo ambiental. También podría asumirla el Estado mediante beneficios fiscales o financiamiento concesional.

O podría asumirla la ANDE mediante una tarifa inferior al costo económico del sistema.

Esta última posibilidad transforma una decisión empresarial en un asunto público.

ATOME ha firmado con Yara un acuerdo para la compra de la totalidad de las 260.000 toneladas anuales producidas en Villeta, retiradas en puerta de fábrica. El acuerdo incluye mecanismos de protección de precios y distribución de eventuales primas comerciales.

Pero no se conoce una obligación pública que garantice que una proporción determinada de la producción será reservada para Paraguay, que el productor nacional tendrá prioridad o que recibirá el fertilizante a un precio vinculado al costo reducido de la electricidad.

Paraguay podría conceder energía por debajo de su valor y, aun así, sus agricultores terminar comprando el fertilizante al precio establecido por la cadena comercial internacional.

La pregunta decisiva no es solamente si el fertilizante será competitivo.

Es quién financiará esa competitividad y quién capturará el beneficio generado por la energía paraguaya.

El verdadero precio político

Paraguay debe atraer industrias, pero no a cualquier precio ni trasladando al sistema público riesgos que corresponden a los inversionistas.

Antes de modificar el contrato deben conocerse el costo real de suministrar la energía, el valor acumulado de la diferencia tarifaria, las inversiones adicionales requeridas por la ANDE y los beneficios concretos que recibirá el productor paraguayo.

El debate no es simplemente entre fertilizante verde y fertilizante convencional.

Es entre dos modelos industriales.

Uno podría utilizar gas paraguayo para producir un insumo potencialmente más barato, sustituir importaciones y abastecer prioritariamente al mercado nacional.

El otro utilizaría energía hidroeléctrica estratégica para producir un fertilizante integrado a una cadena internacional, cuya viabilidad financiera depende de obtener electricidad en condiciones excepcionales.

ATOME puede representar una inversión importante. Pero si para ser rentable necesita que la ANDE venda energía por debajo de su valor económico, la diferencia no es inversión.

Es una subvención.

Y si el agricultor paraguayo no recibe directamente ese beneficio, el país estaría subsidiando una industria exportadora sin garantizar fertilizantes más baratos para su propia producción.