La decisión de la Gobernación de Itapúa de impulsar la construcción de una clínica veterinaria pública por más de G. 1.500 millones abre un debate que va mucho más allá de la protección animal. Y la pregunta no es si los animales merecen atención, sino si esa es la prioridad que hoy debería tener el gasto público.
El Estado administra recursos que son escasos. Cada guaraní destinado a un proyecto implica dejar de invertir ese mismo dinero en otro. Por eso, gobernar no consiste únicamente en ejecutar obras, sino en establecer prioridades.
En Itapúa todavía existen comunidades con caminos en mal estado, puestos de salud que carecen de medicamentos, escuelas con necesidades de infraestructura y familias que esperan soluciones a problemas mucho más urgentes que afectan directamente su calidad de vida.
Resulta difícil comprender que, frente a ese escenario, una inversión millonaria para una clínica veterinaria ocupe un lugar preferente en la agenda de las autoridades.
Quienes defienden el proyecto sostienen que aliviará el trabajo de organizaciones que rescatan animales y contribuirá al control sanitario de mascotas. Pueden ser objetivos legítimos y socialmente valorables. Sin embargo, esa realidad no elimina una pregunta inevitable: ¿es esta la necesidad más urgente que enfrenta hoy el departamento?
La función del Estado no consiste únicamente en atender demandas específicas, sino en jerarquizar aquellas que generan el mayor beneficio colectivo. Cuando existen hospitales con carencias, escuelas que requieren inversiones, caminos rurales intransitables y servicios básicos aún pendientes, destinar más de G. 1.500 millones a una clínica veterinaria puede transmitir la sensación de que las prioridades se encuentran invertidas.
El debate tampoco debería reducirse a quienes aman o no a los animales. Esa es una falsa discusión. El punto central es si corresponde que el presupuesto público priorice este tipo de inversiones antes que otras relacionadas con la salud humana, la educación, la seguridad o la infraestructura.
Toda administración pública está obligada a responder una pregunta sencilla: ¿qué problema resuelve primero con el dinero de todos? En ese ejercicio reside la esencia de una buena gestión.
En síntesis, lo que muchos ciudadanos cuestionan es que, en un contexto de múltiples necesidades insatisfechas, la construcción de una clínica veterinaria aparezca como una de las principales apuestas de inversión pública del departamento.
Las prioridades de un gobierno hablan tanto como sus discursos. Y cuando aún existen demandas básicas sin resolver, es legítimo preguntarse si esta obra responde a una necesidad impostergable o si los recursos públicos podrían generar un mayor impacto atendiendo primero las urgencias de las personas.
