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Francisco Núñez cuestiona el proyecto de juzgados especializados y advierte sobre riesgos para las garantías constitucionales

Durante una entrevista en Momento Prodinamis, el abogado sostuvo que la iniciativa de crear un fuero especializado en violencia contra la mujer podría debilitar la presunción de inocencia, alterar la carga de la prueba y ampliar la discrecionalidad judicial bajo la perspectiva de género.

El proyecto de ley que busca establecer juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer con perspectiva de género en Paraguay fue objeto de un fuerte cuestionamiento por parte del abogado y analista jurídico Francisco Núñez. Durante una nueva edición de Momento Prodinamis, espacio impulsado por la Fundación Prodinamis y conducido por el economista Blas Cristaldo, el especialista advirtió que la propuesta podría introducir cambios sustanciales en el sistema de garantías procesales y generar tensiones con principios consagrados en la Constitución Nacional.

Para Núñez, la iniciativa no representa simplemente una modificación de la estructura judicial destinada a mejorar la respuesta ante los hechos de violencia, sino que incorpora criterios jurídicos que, a su entender, pueden comprometer la imparcialidad de los procesos. En ese sentido, cuestionó que se utilicen conceptos vinculados a la perspectiva de género como parámetros previos para interpretar los hechos, antes de que exista una investigación objetiva que determine las circunstancias y motivaciones de cada caso.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la distinción entre violencia contra la mujer y violencia de género. Al referirse a la Ley N.º 5777/16, explicó que la primera comprende distintas formas de agresión contra una mujer, independientemente de las motivaciones del responsable, mientras que la violencia por la condición de tal requiere demostrar que el ataque estuvo motivado precisamente por esa condición. Según el abogado, presentar ambos conceptos como equivalentes puede conducir a calificar anticipadamente los hechos y condicionar la percepción pública y judicial antes de que concluya el proceso.

«Se aprovecha la sensibilidad emotiva de la población ante hechos trágicos para presentar todo caso de violencia como violencia de género antes de que exista una investigación fiscal objetiva o un juzgamiento que determine las causas reales del hecho», sostuvo Núñez durante la entrevista.

La principal preocupación del analista se concentró en la incorporación del principio de verosimilitud dentro del procedimiento del fuero especializado. A su criterio, este mecanismo podría otorgar un peso determinante al relato de la denunciante y permitir la adopción de decisiones judiciales sobre la base de indicios o sospechas, con el riesgo de trasladar al denunciado la obligación de demostrar su inocencia. Esta interpretación, afirmó, entraría en tensión con la presunción de inocencia, la igualdad procesal y el principio in dubio pro reo, según el cual la duda razonable debe favorecer al acusado.

El abogado también alertó sobre las consecuencias que podrían tener las medidas cautelares cuando se aplican antes de una sentencia definitiva. Mencionó, entre otras, la exclusión del hogar, las restricciones de locomoción y la separación de los hijos, y sostuvo que estas decisiones pueden ocasionar afectaciones profundas a derechos fundamentales aun cuando no exista una condena firme.

Otro aspecto de su crítica estuvo relacionado con la influencia que, según su análisis, podría ejercer la perspectiva de género sobre la valoración de las pruebas. Núñez recurrió al concepto de sesgo de confirmación, asociado a los estudios del psicólogo Daniel Kahneman, para advertir que un juzgador que parte de una interpretación preconcebida corre el riesgo de seleccionar y valorar los elementos probatorios de manera que confirmen su hipótesis inicial.

En ese contexto, contrapuso el análisis de la conducta y la intención del acusado, basado en hechos y evidencias, con lo que denominó un desplazamiento hacia el «dolo de derecho» o de autor, en el que la identidad o condición personal del individuo podría adquirir un peso determinante en la atribución de responsabilidad. «Cuando se juzga a una persona por ser hombre, esposo o novio, y no por los hechos cometidos, se produce un retroceso jurídico de siglos», afirmó.

La igualdad ante la ley también formó parte de sus cuestionamientos. Núñez sostuvo que la normativa vigente y la propuesta de creación del fuero especializado establecen una asimetría en el tratamiento de los casos, al considerar que sus disposiciones no tendrían una aplicación equivalente cuando la persona denunciada por ejercer violencia es una mujer.

Desde el plano constitucional, el especialista señaló que el proyecto debe ser examinado a la luz del artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece garantías procesales para las personas sometidas a un procedimiento penal. En su opinión, las reglas de interpretación y la prioridad otorgada a determinados principios generales de la perspectiva de género podrían ampliar excesivamente el margen de actuación de los magistrados y debilitar el principio de legalidad.

También manifestó preocupación por los criterios de capacitación previstos para jueces y fiscales, al considerar que una formación centrada exclusivamente en una determinada corriente interpretativa podría comprometer la pluralidad de criterios que debe caracterizar a la administración de justicia. A esto sumó una advertencia sobre posibles restricciones a la libertad de expresión, particularmente cuando herramientas jurídicas vinculadas a estas perspectivas se utilizan para limitar críticas o debates públicos.

Finalmente, Núñez cuestionó la eficacia de los modelos de justicia especializada implementados en países como España, Argentina, México y Chile. Según su exposición, la creación de estos fueros no habría conseguido reducir de manera significativa los niveles de violencia ni los casos de femicidio. Frente a ello, defendió la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva más amplia, que contemple factores psicológicos, socioeconómicos, adicciones y problemas de salud mental, en lugar de atribuir su explicación a una única causa.

La advertencia planteada en Momento Prodinamis coloca el debate sobre el proyecto legislativo en un terreno que excede la organización de los tribunales: el alcance de las garantías individuales y los límites del poder estatal al momento de investigar y juzgar. Para Núñez, ninguna política destinada a combatir la violencia debería avanzar a costa de los principios que protegen a toda persona frente a una posible actuación arbitraria del Estado.

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