El caso ITTI plantea una pregunta que va más allá de la crisis financiera: ¿qué ocurre con los datos biométricos de las personas cuando son recopilados para una finalidad determinada, pero no existen reglas claras sobre su acceso, utilización, conservación, transferencia y eliminación? La preocupación central es, precisamente, la falta de claridad sobre quién controla esa información, para qué puede emplearla y qué mecanismos existen para impedir usos no autorizados o responder ante una eventual exposición.
Los datos biométricos se obtienen mediante procedimientos técnicos que permiten identificar o confirmar la identidad de una persona a partir de características como su rostro o sus huellas. Cuando se relacionan con otros registros, pueden asociar esa identidad con compras, movimientos, servicios financieros o asistencia a eventos. Su importancia, por tanto, excede la función inicial de verificar quién ingresa a un lugar o utiliza un servicio.
En el nuevo paradigma de la inteligencia artificial, los datos se han convertido en un activo estratégico cuyo valor todavía es difícil de estimar. Pueden reutilizarse, combinarse y transformarse en información útil para desarrollar servicios, detectar patrones y orientar decisiones. Su valor depende de su calidad, contexto y posibilidad de vinculación con otras fuentes. Esa capacidad de aprovechamiento económico no los convierte en bienes de libre disposición: cada uso debe contar con habilitación jurídica y respetar los derechos de las personas.
La explotación económica tampoco requiere vender una base completa. Puede realizarse mediante licencias, servicios de identificación, perfiles comerciales, publicidad dirigida o desarrollo de algoritmos. Sin reglas sobre las finalidades permitidas, un dato entregado para una función concreta puede terminar alimentando actividades que la persona nunca tuvo en consideración al proporcionarlo.
Los antecedentes internacionales muestran esas diferencias. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), agencia encargada de proteger a los consumidores y promover la competencia, señaló que Amazon utilizó información retenida de menores para mejorar Alexa. El caso concluyó en 2023 con un acuerdo que incluyó una multa de USD 25 millones. Google acordó pagar USD 93 millones en California por alegaciones sobre la recopilación y utilización de datos de ubicación para perfiles y publicidad sin consentimiento. En Avast, la FTC cuestionó expresamente la venta de registros de navegación detallados y susceptibles de reidentificación.
Estos casos corresponden a tratamientos distintos de datos personales. Ilustran que su aprovechamiento económico puede producirse mediante la transferencia de registros o mediante su utilización para desarrollar productos y servicios. No constituyen pruebas de lo ocurrido en ITTI, pero ayudan a comprender los riesgos que aparecen cuando una organización no define con precisión las finalidades y los límites del tratamiento de la información.
Un ataque informático añade peligros diferentes. La exposición de imágenes, plantillas biométricas y datos asociados podría facilitar suplantaciones, seguimiento o identificación no autorizada. Los rasgos físicos de referencia no pueden reemplazarse como una contraseña. Las consecuencias dependen de la información comprometida y de las protecciones del sistema, pero pueden prolongarse después del incidente. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST), organismo de referencia en estándares técnicos y ciberseguridad, recomienda tratar la información biométrica como sensible y protegerla de acuerdo con sus riesgos.
La falta de salvaguardas también genera problemas sin que ocurra un ataque. Si no existen límites de conservación, los registros pueden permanecer almacenados indefinidamente. Sin finalidades delimitadas, pueden reutilizarse para otros objetivos. Sin personas autorizadas claramente identificadas, resulta difícil controlar los accesos. Y sin procedimientos de eliminación y registros de las actuaciones, tampoco puede comprobarse qué ocurrió con la información.
En Paraguay, la protección actual debe examinarse desde las garantías constitucionales de intimidad, imagen privada y hábeas data, junto con las normas aplicables a cada actividad. La Ley 6534/2020, aunque centrada en información crediticia, contiene disposiciones sobre datos personales e incluye entre los sensibles los biométricos destinados a identificar unívocamente a una persona. Para los eventos deportivos existe, además, el régimen específico de la Ley 7269/2024. Su aplicación exige identificar el origen de los datos, la finalidad y el tratamiento realizado.
La nueva Ley 7593/2025 de Protección de Datos Personales entrará en vigor en noviembre de 2027. Esto significa que sus nuevas obligaciones y sanciones todavía no pueden aplicarse como si estuvieran vigentes. Sin embargo, el plazo de transición no suspende las garantías constitucionales ni las obligaciones establecidas por la legislación actualmente aplicable.
La pregunta sobre quién controla los datos, qué valor pueden adquirir y qué responsabilidades surgen de su tratamiento conecta directamente con el enfoque de mi libro Del tomador de precio al protagonista de la cadena, que incorpora el RIDIA, obra inédita de mi autoría. La investigación parte de una preocupación general: cómo conservar la autonomía y la capacidad de decisión sobre la información y sobre el valor que esta genera. Aunque el análisis se desarrolla inicialmente en la realidad productiva y cooperativa, sus problemas también aparecen en otras organizaciones, especialmente en relación con el acceso, los usos autorizados, la dependencia tecnológica, la trazabilidad y la responsabilidad.
Desde esa perspectiva, el caso ITTI no debe analizarse únicamente como un problema de seguridad informática o de cumplimiento legal. También plantea una cuestión de gobernanza: qué reglas internas permiten saber quién decide sobre los datos, quién puede utilizarlos, con qué finalidad y bajo qué controles. Allí se encuentra el vínculo con el Reglamento Interno de Datos e Inteligencia Artificial, RIDIA, que propone convertir esas preguntas en procedimientos concretos.
El RIDIA organiza quién puede utilizar la información, para qué fines, con qué autorización y bajo qué controles. También contempla condiciones de conservación y eliminación, registros que permitan reconstruir los usos relevantes y procedimientos de respuesta ante una posible exposición. De este modo, traduce la protección de los datos en funciones asignadas, límites definidos y actuaciones verificables.
Aplicado a los problemas que suscita ITTI, ese enfoque permite comprender qué debe quedar previsto desde el inicio: quién custodia los datos, quién autoriza los accesos, qué reutilizaciones están permitidas, bajo qué condiciones pueden transferirse y quién debe actuar ante una irregularidad. La confidencialidad necesita complementarse con reglas que permitan verificar cómo se administra la información durante todo el tiempo que permanece en poder de una organización.
El debate actual muestra la relevancia de estas cuestiones. Cuanto mayor sea el valor que la inteligencia artificial permita obtener de los datos, mayor será la necesidad de establecer límites claros y controles efectivos. Recopilar información sobre las personas implica asumir responsabilidades sobre su destino.





