El debate sobre la creación de juzgados especializados contra la violencia hacia la mujer, impulsado por la senadora Lilian Samaniego y que podría tratarse el próximo miércoles, exige una discusión seria sobre el alcance de la iniciativa, sus consecuencias jurídicas y su verdadera eficacia. No basta con presentar un proyecto bajo una causa sensible para convertirlo automáticamente en una propuesta incuestionable. La protección de las mujeres no debe utilizarse como argumento para blindar iniciativas legislativas frente a toda crítica.
La violencia contra la mujer es un problema real que merece respuestas concretas. Precisamente por eso, las soluciones deben evaluarse con rigor, sin convertir el dolor de las víctimas en una herramienta de presión política ni utilizarlo como plataforma para impulsar concepciones ideológicas que merecen un debate abierto y transparente.
En ese contexto, preocupa la postura de la senadora Esperanza Martínez, quien acusó al Ministerio de Educación y Ciencias de promover una cultura machista mediante materiales escolares que, según su interpretación, enseñarían a las niñas a ser sumisas y subordinadas a los hombres. La legisladora llegó a sostener que esa formación podría terminar creando futuros feminicidas y exigió la cancelación inmediata de los documentos.
Son afirmaciones de enorme gravedad. Atribuir a materiales educativos la capacidad de formar futuros feminicidas no es una acusación menor ni puede aceptarse como una verdad demostrada por el solo hecho de ser pronunciada desde una banca parlamentaria. Si existen contenidos inapropiados, deben ser identificados, examinados y discutidos públicamente. Pero transformar una controversia pedagógica en una sentencia política, sin que se conozcan aquí las pruebas que la sustentarían, supone reemplazar el análisis por la alarma y el debate por la descalificación.
La educación de los niños no puede quedar sometida a consignas partidarias ni a interpretaciones ideológicas presentadas como verdades indiscutibles. Los materiales escolares deben evaluarse con criterios pedagógicos, responsabilidad institucional y transparencia. Las familias tienen derecho a conocer qué se enseña a sus hijos, y la ciudadanía tiene derecho a exigir fundamentos concretos antes de aceptar acusaciones que pueden comprometer la credibilidad de las instituciones educativas.
La misma cautela debe aplicarse al proyecto de juzgados especializados promovido por Samaniego. Que una iniciativa invoque la protección de las mujeres no significa que deba aprobarse sin examinar sus alcances, su funcionamiento, los recursos que demandará y las garantías jurídicas involucradas. La especialización judicial puede presentarse como una respuesta necesaria, pero su eficacia debe demostrarse y sus mecanismos deben someterse al control legislativo correspondiente. El Congreso no está para aprobar propuestas por presión política ni para confundir la sensibilidad de una causa con la ausencia de cuestionamientos legítimos.
Lo que debe rechazarse es la utilización del drama de la violencia para instalar una disputa ideológica en la agenda legislativa. Ningún sector político tiene el monopolio de la defensa de las mujeres, así como ninguna senadora puede atribuirse la autoridad exclusiva para definir qué materiales educativos son aceptables o qué políticas deben aprobarse sin una discusión rigurosa.
El país necesita prevención, protección efectiva, investigación, justicia y sanciones que se cumplan. Necesita instituciones capaces de actuar antes de que una amenaza se convierta en tragedia. No necesita que cada problema social sea transformado en una batalla partidaria ni que las diferencias ideológicas se presenten como una lucha entre quienes protegen a las mujeres y quienes supuestamente las abandonan.
El Congreso debe tener el coraje de cuestionar tanto el proyecto de Samaniego como las propuestas y los argumentos de Martínez. La gravedad de la violencia contra la mujer no puede convertirse en un cheque en blanco legislativo, y la preocupación por la educación tampoco puede servir para justificar acusaciones sin sustento suficiente.
Defender a las mujeres exige políticas eficaces, no gestos políticos. Defender la educación exige fundamentos, no alarmismo. Y defender la democracia exige que ninguna agenda, por muy noble que parezca su presentación, quede exenta de crítica.
La protección de las mujeres merece mucho más que una disputa por imponer relatos. Merece resultados verificables, responsabilidad política y decisiones que respondan al interés público, no a la conveniencia ideológica de quienes buscan marcar la agenda del Congreso contra el sentir de los paraguayos que, en más de una ocasión, rechazaron estas ideologías perversas.
