El economista y presidente de Prodinamis criticó la expansión de la burocracia estatal, advirtió sobre los efectos de la presión tributaria en la libertad económica y planteó cambios en la prestación de servicios públicos. También rechazó el adoctrinamiento ideológico en las escuelas y abordó la movilización prevista para el 21 de octubre.
El crecimiento del gasto público, la acumulación de deuda y las dificultades que enfrenta el sector privado para operar formalmente fueron algunos de los puntos cuestionados por el economista y presidente de Prodinamis, Blas Cristaldo, durante una entrevista con Renato Talavera en el podcast Al Grano, de Faro Paraguay. El analista planteó la necesidad de revisar las funciones del Estado, racionalizar los recursos presupuestarios y modificar el modelo de prestación de servicios esenciales.
En medio del debate sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) y las manifestaciones de distintos sectores, Cristaldo sostuvo que la expansión de la estructura estatal reduce la capacidad de decisión de los ciudadanos y compromete recursos que podrían destinarse a otras actividades económicas. A su criterio, el problema no radica únicamente en cuánto recauda el Estado, sino también en la eficiencia con la que administra los fondos públicos y en las obligaciones que transfiere a las futuras generaciones mediante el endeudamiento.
“Cualquier recurso sustraído de la ciudadanía a base de impuestos, tasas y contribuciones es una merma en la capacidad de decidir. Cada vez somos menos libres”, afirmó durante la entrevista.
El titular de Prodinamis defendió una delimitación más precisa de las responsabilidades estatales y sostuvo que la generación de riqueza depende de las actividades productivas de la sociedad. “El Estado como tal no genera riqueza. Lo que tiene que hacer es precautelar las condiciones para que se genere y concentrarse en sus funciones núcleo: seguridad, defensa y justicia”, expresó.
Desde esa perspectiva, consideró necesario revisar la cantidad de instituciones públicas, los mecanismos de asignación presupuestaria y los resultados concretos de los programas financiados con recursos de los contribuyentes. La discusión, según su planteamiento, debería centrarse en la capacidad del Estado para cumplir sus funciones sin ampliar indefinidamente su estructura administrativa.
Cristaldo también cuestionó las diferencias entre los regímenes previsionales de los trabajadores del sector privado y determinados grupos del funcionariado público. Mientras algunos trabajadores privados deben cumplir requisitos de edad y aportes más prolongados para acceder a la jubilación, existen sectores públicos con condiciones de retiro diferenciadas. Para el economista, estas asimetrías requieren una revisión que contemple la sostenibilidad financiera y la equidad entre los aportantes.
En ese contexto, cuestionó la relación entre determinados sindicatos del sector público y actores políticos, a la que atribuyó influencia en las decisiones presupuestarias. “Hay una alianza perversa entre el sindicalismo del funcionariado y el sector político. Crece el gasto público y crece la influencia del sector político a espaldas del contribuyente”, manifestó.
Otro de los aspectos abordados fue el impacto de la burocracia sobre la actividad comercial y la formalización de la economía. Cristaldo señaló que abrir y mantener un negocio en Paraguay puede implicar gestiones ante numerosas instituciones públicas, lo que aumenta los costos de cumplimiento y dificulta el desarrollo de pequeños emprendimientos.
A su entender, la informalidad no debe analizarse exclusivamente como una conducta de incumplimiento, sino también como una posible respuesta de quienes encuentran obstáculos excesivos para desarrollar sus actividades dentro del sistema formal. “La informalidad puede ser un mecanismo espontáneo de la gente para defenderse del gigantesco burocratismo que no para de crecer”, sostuvo.
El economista también mencionó distorsiones tributarias que, según su análisis, afectan el funcionamiento de las empresas, entre ellas el anticipo del impuesto a la renta y la retención del 2,5% del IVA vinculada a las exportaciones de soja. En su planteamiento, simplificar los trámites, revisar los mecanismos de recaudación y reducir las cargas administrativas permitiría mejorar las condiciones para producir, invertir y generar empleo formal.
En materia de educación y salud, Cristaldo propuso revisar el modelo mediante el cual el Estado financia y presta los servicios. Su planteamiento distingue entre garantizar que la población acceda a una prestación y administrar directamente todas las instituciones encargadas de ofrecerla. Bajo ese enfoque, planteó evaluar mecanismos de financiamiento que permitan a las familias elegir entre distintos proveedores.
“Hay una confusión entre proveer un servicio público y producirlo. El Estado puede proveer salud o educación a través de operadores privados en lugar de sostener todo el aparataje burocrático”, explicó.
Como ejemplo, mencionó que el sostenimiento del sistema educativo público representa, según las cifras expuestas durante la entrevista, un costo aproximado de entre G. 800.000 y G. 850.000 mensuales por alumno. A partir de esa referencia, propuso estudiar la posibilidad de destinar los recursos directamente a las familias mediante un sistema de vouchers, que podrían utilizarse para acceder a servicios educativos.
La propuesta supone modificar el mecanismo de asignación de los fondos públicos, pasando del financiamiento directo de estructuras estatales a un esquema centrado en el usuario. Su implementación requeriría definir criterios de elegibilidad, mecanismos de control, estándares de calidad y garantías de acceso para evitar que las diferencias económicas o territoriales profundicen las desigualdades educativas.
Durante la entrevista, Cristaldo también se refirió a la movilización ciudadana por la vida y la familia prevista para el 21 de octubre. La convocatoria se enmarca en el debate sobre los valores familiares, el papel de los padres en la formación de niños y adolescentes y los contenidos impartidos en las instituciones educativas.
Al abordar la cuestión escolar, el presidente de Prodinamis manifestó su rechazo a la incorporación de contenidos que considera orientados al adoctrinamiento ideológico. Sostuvo que las instituciones educativas deben priorizar el aprendizaje académico y el desarrollo de capacidades útiles para la vida profesional, mientras que la formación moral y en valores corresponde principalmente a las familias.
“El centro educativo debe formar ciudadanos productivos en matemática e idiomas, no en activismo ideológico. La formación moral y en valores corresponde a los padres”, afirmó.
Su planteamiento apunta a delimitar las responsabilidades de las instituciones educativas y de las familias en la formación de los estudiantes. En ese contexto, la movilización del 21 de octubre forma parte de una discusión pública más amplia sobre la vida, la familia, la educación y el papel de los padres en la transmisión de valores.
Las propuestas del economista apuntan, en conjunto, a reducir las estructuras administrativas, revisar los compromisos fiscales y ampliar las alternativas para la prestación de servicios públicos. Sus planteamientos colocan en el centro del debate la eficiencia del gasto, la sostenibilidad de las cuentas estatales y el alcance de las responsabilidades gubernamentales frente a los ciudadanos.
La discusión sobre estas reformas también exige evaluar sus efectos concretos: cualquier reducción de gastos debe considerar la calidad y continuidad de los servicios esenciales, mientras que los cambios en salud, educación y tributación requieren mecanismos que aseguren transparencia, competencia y protección de los sectores más vulnerables.
