El Ministerio deberá responder 13 preguntas sobre la situación legal del parque, la posible afectación de propiedades privadas, las concesiones para actividades extractivas y el destino de recursos nacionales e internacionales. El plazo establecido es de 15 días hábiles.
La Cámara de Senadores aprobó un pedido de informe dirigido al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para esclarecer las condiciones en que se amplió el Parque Nacional Médanos del Chaco, así como las implicancias jurídicas y económicas de la medida.
La iniciativa, impulsada por el senador colorado Gustavo Leite, contiene 13 preguntas que buscan determinar si la ampliación del área protegida afectó propiedades particulares, alcanzó concesiones vinculadas a la exploración de hidrocarburos o minerales y estuvo precedida de las consultas correspondientes con otras instituciones del Estado.
El requerimiento también apunta a conocer el origen y la administración de los recursos financieros destinados a la conservación ambiental, incluidos eventuales aportes provenientes de organismos internacionales, gobiernos extranjeros, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales.
Entre los principales puntos planteados al Mades figura la realización de una mensura para delimitar la ampliación del parque. El Senado solicita precisar si dentro de los nuevos límites quedaron comprendidos inmuebles privados y, de ser así, remitir los planos y la información sobre las superficies involucradas. Asimismo, pide aclarar si los propietarios afectados fueron convocados a audiencias públicas o recibieron notificaciones durante el procedimiento.
Otro aspecto central del pedido consiste en determinar si, antes de concretarse la ampliación, el Mades consultó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o al Viceministerio de Minas y Energía sobre la existencia de concesiones vigentes para la explotación de hidrocarburos o minerales.
El cuestionario también incluye consultas sobre las licencias ambientales que pudieran estar vigentes para actividades agroganaderas, mineras o relacionadas con hidrocarburos al momento de extenderse los límites del área protegida.
Las respuestas permitirán conocer qué antecedentes administrativos fueron considerados y cuál es la situación jurídica de las actividades y propiedades que pudieran quedar comprendidas dentro del parque.
El informe requerido no se limita a los aspectos territoriales. También busca reconstruir el movimiento de los recursos financieros vinculados a la conservación del Parque Nacional Médanos del Chaco desde su creación. En ese sentido, el Mades deberá informar si recibió aportes de gobiernos, organismos extranjeros, instituciones públicas u organizaciones no gubernamentales para financiar programas ambientales. La consulta incluye fondos relacionados con iniciativas climáticas, mecanismos de reducción de la deforestación y otros programas internacionales de protección ambiental. El objetivo es obtener información sobre el origen de esos recursos y su administración.
El pedido de informe se presenta en medio de la discusión legislativa sobre la protección del Parque Nacional Médanos del Chaco y la posibilidad de habilitar actividades de prospección y exploración de hidrocarburos en sectores determinados del área.
La Ley N.º 5723/2016 declaró al parque como área silvestre protegida bajo dominio público. El territorio comprende aproximadamente 605.075 hectáreas, lo que convierte cualquier modificación de sus límites o de las actividades permitidas en un asunto de relevancia ambiental, jurídica y económica.
Mientras avanza la discusión, organizaciones ambientalistas mantienen su oposición al proyecto de ley que busca habilitar actividades extractivas en parte del área protegida. Los sectores contrarios a la propuesta advierten sobre los posibles efectos de esas operaciones en un territorio destinado a la conservación.
A fines de septiembre, organizaciones indígenas también solicitaron formalmente al diputado colorado José Rodríguez, proyectista de la iniciativa, que se les permita participar en las discusiones. El planteamiento pone sobre la mesa la participación de las comunidades vinculadas al territorio en las decisiones que puedan modificar su régimen de protección.
Tras la aprobación del pedido, el Mades dispone de 15 días hábiles para remitir las respuestas en formato electrónico, de acuerdo con lo establecido en la resolución y en el artículo 192 de la Constitución Nacional.
