El pedido de informe de la Cámara de Senadores al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de distintas entidades financieras puede ser una herramienta válida de control, pero en este caso en particular se está poniendo en riesgo la confianza que se construyó a lo largo de los años, aparentemente, por intereses políticos.
Si bien el sistema no puede estar ajeno a los controles, dicha herramienta se debe manejar con responsabilidad y dentro de los límites que establece la ley. El sistema financiero necesita controles, supervisión y transparencia, pero también necesita estar ajeno a la coyuntura política, sobre todo luego de que el propio BCP haya ratificado que el sistema mantiene niveles adecuados de solvencia y liquidez, además de operar con normalidad.
En la misma línea, los legisladores tienen la obligación de preguntar cuando existen dudas y el Banco Central tiene la responsabilidad de responder dentro del marco legal, pero una cosa es fiscalizar y otra muy distinta es generar incertidumbre sobre bancos, depósitos y ahorros sin contar con información completa.
En este caso, el BCP remitió al Senado un informe de 31 fojas bajo secreto bancario, precisamente porque contenía información de terceros protegida por ley, y el Senado tuvo que establecer un mecanismo reservado para analizarlo. Sin embargo, con el pedido de informe se generó un ambiente de incertidumbre innecesario, especialmente para un sector sensible.
El sistema financiero no es un terreno para medir fuerzas políticas y cualquier declaración fuera de lugar o desconociendo el terreno, puede tener consecuencias que van mucho más allá del debate parlamentario, porque detrás de cada banco existen miles de personas que depositan sus salarios, ahorros, jubilaciones y recursos de sus empresas.
Una sospecha mal planteada o una acusación lanzada sin todos los elementos puede alimentar temores innecesarios y terminar afectando precisamente a quienes los políticos dicen querer proteger, los usuarios y el dinero depositado en las distintas entidades financieras de plaza.
Paraguay tardó años en construir estabilidad, fortalecer su regulación y recuperar la confianza de los mercados. Ese proceso permitió mejorar la percepción internacional del país y alcanzar hitos como el grado de inversión con Moody’s y S&P. Por lo tanto, no se puede poner todo eso en riesgo por una disputa coyuntural ni convertir un pedido de informe en una señal de alarma.
La política debe entender que el sistema financiero juega un papel fundamental y no puede ser manoseado. Se puede investigar, preguntar, exigir explicaciones y corregir lo que corresponda, pero todo debe hacerse con evidencia, responsabilidad y respeto a las instituciones.
Si existen irregularidades deben ser investigadas y los responsables deben ser sancionados, pero si no las hay se debe actuar con la misma claridad. En estos momentos, Paraguay no necesita que sus propios políticos jueguen con fuego y terminen debilitando la confianza que tantos años costó construir.
