Una parcela de marihuana destruida no significa necesariamente el final de la actividad. Los registros de distintas áreas protegidas paraguayas muestran una situación más compleja: en algunos territorios, las autoridades han tenido que regresar una y otra vez para encontrar nuevos cultivos, campamentos y estructuras vinculadas al narcotráfico.
Paso Bravo, Mbaracayú y Serranía San Luis son algunos de los casos que permiten observar esta dinámica.
La pregunta es inevitable: ¿por qué las plantaciones reaparecen después de los operativos?
El Parque Nacional Paso Bravo ofrece uno de los ejemplos más claros. En 2021, MADES informó sobre un operativo que permitió destruir 38 hectáreas de marihuana y siete pistas clandestinas.
La intervención no significó el fin del problema, en los años siguientes se produjeron nuevos hallazgos dentro del parque. Durante 2024 fueron localizados cultivos, campamentos y estructuras relacionadas con la producción.
En 2025, las autoridades volvieron a encontrar plantaciones y campamentos. Y en 2026 se realizaron nuevas incursiones en las que fueron localizadas decenas de hectáreas de cultivos.
La secuencia permite observar una característica: el mismo territorio puede ser intervenido, liberado y posteriormente volver a ser ocupado.
Mbaracayú presenta una historia similar. En 2015, un operativo permitió destruir 30 hectáreas de cultivos, 24 campamentos y 11 prensas rústicas. Años después se produjeron nuevas incursiones.
En 2026, la Fiscalía volvió a informar sobre la destrucción de seis hectáreas dentro de la reserva; esta repetición demuestra que el territorio continúa siendo vulnerable a nuevas incursiones.
¿Qué hace atractivas a las reservas?
Las áreas protegidas pueden ofrecer determinadas condiciones que favorecen la instalación clandestina. Entre ellas están las grandes extensiones boscosas, la dificultad de acceso, la distancia de los centros urbanos y la posibilidad de esconder parcelas y campamentos.
En algunos operativos, las autoridades necesitan recorrer grandes distancias por tierra o utilizar apoyo aéreo para localizar los cultivos.
Cuanto más difícil resulta ingresar y controlar permanentemente un territorio, mayores son las posibilidades de que determinadas actividades clandestinas intenten aprovechar esos espacios.
Los casos investigados muestran que el problema no consiste únicamente en encontrar una parcela. En distintos operativos fueron encontrados:
- campamentos;
- pistas clandestinas;
- prensas;
- lugares de secado;
- marihuana picada;
- marihuana prensada;
- semillas;
- herramientas;
- espacios de almacenamiento.
Eso indica que, en determinados lugares, las organizaciones consiguen instalar una infraestructura que les permite permanecer durante períodos prolongados.
Destruir esa infraestructura puede afectar temporalmente la capacidad productiva. Pero si el territorio continúa sin vigilancia permanente, existe la posibilidad de que nuevas estructuras aparezcan.
Los operativos de erradicación cumplen una función evidente: destruyen cultivos y eliminan droga que podría llegar al mercado.Pero existe una diferencia entre eliminar una plantación y eliminar las condiciones que permiten que aparezca otra.
La primera tarea puede realizarse en horas o días, la segunda requiere vigilancia, presencia institucional, protección ambiental, control territorial, investigación criminal y seguimiento posterior. La reiteración de hallazgos plantea justamente esa dificultad.
Son muchas las preguntas que deberían responderse en profundidad después de que una reserva es intervenida en un operativo contra el narcotráfico.
¿Quién controla la zona? ¿Con qué frecuencia se realizan sobrevuelos? ¿Se utilizan imágenes satelitales? ¿Cuántos guardaparques existen? ¿Qué superficie debe controlar cada uno? ¿Hay caminos habilitados para ingresar rápidamente ante una denuncia? ¿Se monitorean nuevamente las parcelas destruidas? ¿Se puede identificar quién vuelve a ocuparlas?
Las respuestas permitirían determinar si la estrategia está orientada únicamente a la erradicación o si existe un sistema permanente de prevención.
Los casos también muestran que la respuesta requiere varias instituciones.
SENAD interviene en la lucha contra el narcotráfico; el Ministerio Público dirige las investigaciones fiscales; MADES tiene competencia ambiental; las fuerzas policiales y militares participan en distintos operativos.
En Mbaracayú, además, existe cooperación con la Fundación Moisés Bertoni, administradora de la reserva, y se han desarrollado acciones con apoyo internacional.
Esta coordinación es importante porque el problema se encuentra precisamente en la intersección entre dos delitos o amenazas: la producción de drogas y la degradación ambiental.
Otro obstáculo es que las cifras de los operativos no necesariamente representan la totalidad de los cultivos existentes. Una hectárea encontrada y destruida es una hectárea confirmada. Pero una operación que localiza diez hectáreas no permite afirmar automáticamente que esas sean todas las plantaciones existentes dentro del área.
Los grupos criminales pueden cambiar de ubicación, abrir nuevas parcelas o instalar cultivos en zonas todavía no detectadas. Por eso, las cifras oficiales de erradicación deben entenderse como una medida de la actividad detectada, no necesariamente como un censo completo de los cultivos existentes.
El verdadero desafío
La repetición de operaciones en determinados territorios deja una conclusión incómoda: El Estado tiene capacidad para entrar, localizar y destruir cultivos. Lo demuestra la cantidad de hectáreas y toneladas eliminadas durante los últimos años. El desafío más complejo es conseguir que esas áreas permanezcan libres de nuevas plantaciones. Para lograrlo, la política contra los cultivos ilícitos dentro de reservas necesita ir más allá del operativo puntual. Debe combinar inteligencia criminal, vigilancia territorial, monitoreo ambiental, tecnología, presencia permanente y recuperación de las zonas afectadas.
