El debate sobre el precio de la carne volvió a instalarse en Paraguay, pero detrás de la discusión sobre cuánto paga el consumidor existe un problema mucho más complejo. La idea de que permitir una mayor importación de carne resolvería automáticamente el alto costo del producto en el mercado interno es cuestionada por referentes del sector, quienes sostienen que una medida de ese tipo podría terminar generando efectos contrarios a los esperados.
Desde esa visión, el problema no puede analizarse únicamente desde el precio final que encuentra el consumidor en la góndola. También debe contemplarse el impacto que tendría sobre toda la cadena productiva, desde los pequeños y medianos ganaderos hasta la industria frigorífica, el empleo y la capacidad exportadora del país.
Uno de los principales argumentos es que Paraguay ha logrado construir durante décadas un sistema productivo que convirtió a la carne en uno de los principales motores de su economía. Abrir indiscriminadamente el mercado a productos importados, especialmente desde países con estructuras de costos diferentes o con políticas de subsidios, podría debilitar esa competitividad y poner en dificultades a miles de productores nacionales.
Quienes defienden esta postura sostienen además que la experiencia regional demuestra que la intervención del mercado no siempre deriva en precios más bajos. Citan el caso de Argentina, donde distintas políticas de control sobre las exportaciones y el mercado interno no evitaron que el precio de la carne continuara aumentando, al tiempo que afectaron la producción y redujeron los incentivos para invertir en el sector ganadero.
Otro de los puntos planteados es que el valor que paga el consumidor no depende exclusivamente del precio del ganado. A lo largo de la cadena intervienen costos de industrialización, transporte, logística, comercialización, impuestos y márgenes de distribución que también inciden en el precio final. Por ello, reducir el debate únicamente a la apertura de importaciones sería, según esta mirada, simplificar un problema mucho más amplio.
A esto se suma la preocupación por el contrabando, considerado por varios actores del sector como una competencia desleal que distorsiona el mercado y perjudica tanto a los productores formales como a quienes cumplen con las exigencias sanitarias y tributarias.
En ese contexto, también se cuestiona el discurso que atribuye exclusivamente a la industria frigorífica la responsabilidad por el alto costo de la carne. Si bien existe un debate sobre el grado de concentración del mercado, quienes rechazan la apertura indiscriminada consideran que la solución pasa por fortalecer la competencia, mejorar los mecanismos de transparencia comercial y combatir la informalidad, antes que comprometer la producción nacional.
El desafío, concluyen, consiste en encontrar un equilibrio entre garantizar precios accesibles para las familias paraguayas y preservar un sector que genera miles de empleos, aporta divisas y constituye uno de los pilares de la economía nacional. Porque una decisión orientada únicamente a reducir el precio de corto plazo podría terminar debilitando una actividad estratégica cuyo desarrollo ha requerido décadas de inversión y crecimiento.
