La decisión del Gobierno de incrementar en un 5% el salario mínimo legal vigente, oficializada mediante el Decreto N.º 6225 firmado por el presidente Santiago Peña, generó una fuerte reacción de distintos sectores empresariales, que consideran que la medida fue adoptada sin suficiente respaldo técnico y podría afectar la previsibilidad económica del país.
El reajuste elevará el salario mínimo a G. 3.044.000 desde el próximo 1 de julio, lo que representa un incremento de G. 144.952 respecto al monto actual. Sin embargo, varios gremios sostienen que el aumento supera ampliamente la referencia de inflación utilizada tradicionalmente para este tipo de ajustes.
Desde la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) manifestaron su preocupación por el mecanismo empleado para concretar la medida. A través de un comunicado, señalaron que el problema no radica exclusivamente en el porcentaje otorgado, sino en la forma en que fue definido.
Según la organización, establecer incrementos salariales por decreto y por encima de los indicadores técnicos genera incertidumbre para las empresas y dificulta la planificación de inversiones y operaciones futuras. En ese contexto, advirtieron que decisiones de esta naturaleza pueden abrir la puerta a criterios discrecionales.
“Hoy es un aumento del 5%, pero mañana podría ser del 10%”, expresó el gremio, al remarcar que la ausencia de reglas estables puede desalentar inversiones y afectar la confianza del sector privado.
Asimcopar recordó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual alcanzó el 2,4%, porcentaje que respaldaban los empleadores durante las discusiones sobre el reajuste. Por su parte, los sindicatos habían solicitado un aumento del 22,3%. Finalmente, el Ejecutivo optó por fijar el incremento en el 5%.
La entidad sostuvo además que la medida obligará a numerosas empresas a revisar sus estructuras de costos y podría generar dificultades para proyectar operaciones a mediano y largo plazo. Asimismo, alertó sobre un posible impacto en la competitividad paraguaya, argumentando que el país se ha destacado históricamente por mantener bajos niveles de inflación.
Cuestionamientos desde las mipymes
El presidente de la Federación de Mipymes, Luis Tavella, también expresó su desacuerdo con la decisión gubernamental y calificó el reajuste como una “peligrosa medida”.
Según indicó, el impacto no se limitará al salario mensual de los trabajadores, sino que también repercutirá en otros conceptos laborales, como aguinaldos, indemnizaciones y aportes al sistema de seguridad social.
Tavella consideró además que, si el Poder Ejecutivo continuará definiendo los aumentos salariales mediante decretos, carecería de sentido mantener vigente el funcionamiento del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam).
Feprinco advierte sobre el marco jurídico
Las críticas también llegaron desde la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco). Su presidente, Enrique Duarte, sostuvo que la medida afectará la competitividad del país y lamentó que, a su criterio, no se haya respetado plenamente el marco jurídico establecido para la determinación de los reajustes salariales.
Aunque Feprinco y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) habían anunciado la elaboración de un pronunciamiento conjunto, el documento aún no había sido divulgado al cierre de la jornada. Fuentes empresariales indicaron que representantes de distintos sectores mantuvieron extensas reuniones para consensuar una postura común, sin lograr un acuerdo definitivo.
Importadores cuestionan el componente político
Por su parte, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay, Iván Dumot, criticó la forma en que fue anunciado el incremento salarial y sostuvo que la medida respondió más a consideraciones políticas que técnicas.
“Es una demostración de que la inseguridad jurídica es la más importante debilidad de nuestro sistema y la que realmente coloca en ascuas la inversión privada”, afirmó durante una entrevista con Radio Monumental.
Dumot señaló que el aumento no deja conformes ni a los empleadores ni a los trabajadores y cuestionó la credibilidad de los indicadores utilizados para determinar el reajuste.
“El fondo de la cuestión es que el índice del BCP no es creíble, 2,4% no es la inflación real que sufre el trabajador. Esto es lo que se debería atacar”, sostuvo.
Las reacciones del sector empresarial reflejan el debate abierto tras la decisión gubernamental, que busca mejorar el ingreso de los trabajadores, pero que enfrenta cuestionamientos sobre sus efectos en la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el clima de inversión en Paraguay.
