La Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González contra la resolución de la Cámara de Senadores que dispuso su pérdida de investidura el 14 de febrero de 2024.
La decisión fue adoptada por mayoría de seis votos contra tres. Los ministros Miguel Rodas, Esteban Kriskovich, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y César Diesel votaron por rechazar el planteamiento. Por su parte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y Manuel Ramírez Candia se pronunciaron a favor de admitir la acción.
En su análisis, la mayoría concluyó que al momento de la pérdida de investidura no se encontraba vigente la Resolución N.º 429/2023, mediante la cual el Senado había modificado su reglamento interno respecto a las mayorías requeridas para la destitución de un legislador.
Según el criterio de los ministros que votaron por el rechazo, dicha modificación reglamentaria no podía prevalecer sobre las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional. En consecuencia, sostuvieron que debía aplicarse el criterio constitucional que establece la mayoría simple cuando la Carta Magna no exige expresamente una mayoría especial para la adopción de una decisión.
El fallo coincide con el dictamen emitido el 17 de julio de 2024 por la asesoría jurídica de la Cámara de Senadores, que consideró ajustada a derecho la actuación del pleno al momento de aprobar la pérdida de investidura.
Ese informe se fundamentó en varios artículos de la Constitución Nacional, entre ellos el artículo 3, referente a la independencia de los poderes del Estado; el artículo 137, que consagra la supremacía constitucional; el artículo 256, que dispone que las resoluciones judiciales deben fundarse en la Constitución; y el artículo 260, relativo a las atribuciones de la Sala Constitucional.
La controversia se originó tras la aprobación, en la última sesión ordinaria de 2023, de una modificación del reglamento interno del Senado que elevó la mayoría necesaria para la pérdida de investidura de un parlamentario. Durante el estudio del caso, los ministros analizaron la compatibilidad de esa disposición con las normas constitucionales vigentes.
Con esta resolución, la Corte Suprema concluye el estudio de la acción promovida por González y fija la posición mayoritaria del máximo órgano judicial sobre la aplicación de las normas constitucionales y reglamentarias vinculadas al procedimiento de pérdida de investidura parlamentaria.
