El exfiscal general presentó una comunicación ante Naciones Unidas en la que sostiene que enfrenta represalias. En Paraguay, solicitó que la denuncia penal promovida por las legisladoras Yolanda Paredes y Rocío Vallejo sea desestimada por considerar que los hechos no constituyen delito.
El exfiscal general del Estado, Emiliano Rolón, elevó este viernes una comunicación a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, en la que denunció presuntas represalias y afirmó ser víctima de lawfare, luego de su renuncia al cargo.
En paralelo, solicitó ante el Ministerio Público el rechazo inicial y archivo de la denuncia penal presentada por las legisladoras Yolanda Paredes y Rocío Vallejo, relacionada con el caso ueno bank. Su planteamiento se fundamenta en la supuesta atipicidad de los hechos atribuidos, por lo que reclama que la causa no avance.
Defensa de la actuación fiscal en el caso Ueno Bank
En su argumentación, Rolón sostiene que durante el desarrollo de la investigación no se produjo pérdida de evidencias ni se registró la fuga de personas investigadas. Como respaldo de la actuación institucional, mencionó las imputaciones formuladas contra directivos, las medidas de aseguramiento de bienes y la activación de la Notificación Plateada de INTERPOL.
También señaló que las sedes de ueno bank permanecían bajo custodia policial desde el 3 de noviembre, circunstancia que, según su exposición, permitió a los fiscales concentrar sus esfuerzos en la detención de sospechosos y el congelamiento de activos.
El exfiscal cuestionó, además, el alcance de la denuncia presentada por las parlamentarias, al considerar que no se dirigió contra los fiscales que ejecutaron las actuaciones operativas dentro de la investigación, sino que apuntó específicamente a su persona, pese a que las diligencias fueron desarrolladas por el equipo asignado al caso.
Lleva su denuncia ante Naciones Unidas
En la comunicación remitida a la relatora especializada, Rolón vinculó las presuntas represalias con decisiones adoptadas durante su gestión, particularmente con el trato otorgado al expresidente Santiago Peña cuando estuvo detenido.
Según su denuncia, el conflicto se habría originado en su decisión de garantizar la integridad física y el trato digno del exmandatario, rechazando su exhibición esposado y su traslado a una cárcel común.
Rolón sostiene que esas determinaciones, adoptadas bajo criterios que considera vinculados a garantías y derechos fundamentales, habrían desencadenado acciones en su contra, las que interpreta como una persecución de carácter judicial y político.
Cuestionamientos al conflicto político y a la sucesión
En su presentación, Rolón también puso en cuestión la posición de Yolanda Paredes, al señalar un presunto conflicto de intereses relacionado con su vínculo anterior con Paraguayo Cubas, quien fue procesado durante el período en que él ejercía como fiscal general.
Asimismo, cuestionó la designación y juramento de Alba Rocío Cantero Vera como adjunta, calificando el procedimiento de inconstitucional. Argumentó que la sucesión se produjo sin concurso y sin que, según su planteamiento, existiera una aceptación formal de su dimisión.
La presentación ante organismos internacionales y el pedido de archivo de la denuncia penal constituyen las dos líneas de respuesta impulsadas por el exfiscal general, quien busca cuestionar tanto el fundamento jurídico de las acusaciones como el contexto político en el que, afirma, se produjeron las acciones en su contra.





