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La ofensiva contra las iglesias evangélicas. Una persecución ideológica que trasciende las fronteras

El crecimiento de la influencia evangélica en América Latina parece haber intensificado las tensiones con sectores políticos e ideológicos que cuestionan su presencia en el debate público. Desde Nicaragua y Cuba hasta Paraguay y Colombia, el escenario plantea una pregunta que merece ser investigada: ¿estamos ante episodios aislados de hostilidad o frente a una confrontación regional más profunda contra el pensamiento religioso conservador?

Las recientes expresiones de Eduardo Quintana contra el Centro Familiar de Adoración (CFA) de Paraguay no deberían pasar inadvertidas. Acusar públicamente a una organización religiosa de realizar «lavado de dinero» y «lavado de cerebros», además de calificarla de «organización mafiosa» por su supuesto respaldo a determinadas figuras políticas, constituye una descalificación grave que no puede confundirse con una crítica legítima.

En una sociedad democrática, cualquier institución —religiosa, política, empresarial o social— está sujeta al escrutinio público. Si existen sospechas de irregularidades, deben presentarse pruebas y recurrirse a las instituciones competentes. Lo que no corresponde es utilizar acusaciones delictivas como instrumento de estigmatización, ni pretender que una iglesia pierda sus derechos por expresar posiciones sobre los asuntos públicos.

Las iglesias evangélicas tienen el mismo derecho que cualquier otra organización de la sociedad civil a participar en el debate nacional, expresar sus convicciones y orientar a sus comunidades. Sus integrantes son ciudadanos, votan, opinan y tienen derecho a defender sus valores. La libertad religiosa no puede limitarse al interior de los templos: también comprende la posibilidad de manifestar públicamente las propias creencias.

Una realidad regional que no puede ignorarse

Lo ocurrido en Paraguay debe analizarse dentro de un contexto latinoamericano más amplio. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido señalado por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos por hostigamiento, vigilancia, restricciones y medidas represivas contra comunidades religiosas y referentes de iglesias. En Cuba, las congregaciones independientes enfrentan obstáculos administrativos y restricciones que limitan su actividad. En México, distintas comunidades evangélicas, especialmente en zonas indígenas, han sufrido amenazas, expulsiones y episodios de violencia vinculados a conflictos religiosos.

Estos datos revelan una realidad preocupante: en distintos países de la región, comunidades religiosas enfrentan presiones que afectan su libertad de culto, su autonomía y su participación en la vida social.

La persecución religiosa no siempre adopta la forma de una prohibición oficial o de una intervención policial. También puede manifestarse mediante campañas de descrédito, estigmatización pública, presión institucional y discursos que presentan a determinados grupos religiosos como enemigos de la democracia o amenazas para la sociedad.

Colombia muestra el verdadero trasfondo de la disputa

Un artículo publicado por El País el 14 de noviembre de 2026, bajo el título «La República Evangélica de Colombia», ofrece una perspectiva interesante para comprender la dimensión política de este fenómeno. La publicación describe el crecimiento de la influencia evangélica en Colombia y el peso que sus congregaciones, pastores y redes de fieles han adquirido en la discusión pública.

El artículo señala que los evangélicos y protestantes representan alrededor del 15% de la población adulta colombiana, según datos de Pew Research Center, y analiza cómo distintos sectores religiosos participan en debates sobre educación, familia, valores y políticas públicas. También sitúa este fenómeno dentro de una transformación regional en la que las comunidades evangélicas han adquirido mayor capacidad de movilización e incidencia política.

Precisamente, el avance de la influencia evangélica ayuda a comprender por qué determinados sectores pueden percibirla como un actor incómodo en la disputa cultural y política. La pregunta es si parte de la hostilidad que hoy reciben estas comunidades responde a diferencias legítimas de pensamiento o si existe una tendencia más amplia a excluirlas del espacio público.

¿Existe una estrategia regional detrás de esta hostilidad?

También merece atención la posibilidad de que ciertas corrientes ideológicas y estructuras políticas internacionales estén contribuyendo a promover una visión cada vez más restrictiva frente a las expresiones religiosas conservadoras.

Esa hipótesis debe investigarse. Porque resulta evidente que existe una disputa cultural en América Latina. En ella participan organizaciones religiosas, movimientos políticos, sectores académicos, grupos sociales y organismos internacionales. El problema aparece cuando el desacuerdo deja de expresarse mediante argumentos y comienza a traducirse en intimidación, censura o deslegitimación de quienes sostienen convicciones diferentes.

La libertad religiosa no depende de la aprobación ideológica

Las iglesias evangélicas no están por encima de la ley y deben responder por cualquier irregularidad que se demuestre. Pero tampoco pueden ser convertidas en blanco de acusaciones infundadas por su participación en la vida política o por defender una visión moral que no coincide con la de determinados sectores.

La libertad religiosa protege tanto a quienes creen como a quienes no creen. Es un principio democrático que no puede depender de si una comunidad religiosa resulta políticamente conveniente o ideológicamente aceptable.

Paraguay debe tomar nota de lo que ocurre en la región. Las expresiones contra el Centro Familiar de Adoración no deberían normalizarse ni minimizarse. Criticar a una iglesia es legítimo; atribuirle delitos sin pruebas y descalificarla por sus posiciones públicas es otra cosa.

La pregunta de fondo ya no es si las iglesias evangélicas deben participar en la sociedad: tienen pleno derecho a hacerlo. La verdadera cuestión es si América Latina está dispuesta a defender una democracia donde todas las voces puedan expresarse, incluso aquellas que incomodan a los sectores que hoy pretenden establecer cuáles convicciones son aceptables y cuáles deben ser silenciadas.

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