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Cristianofobia disfrazada de periodismo

El autodenominado “periodista científico”, Eduardo Quintana, vuelve a colocar a una institución cristiana en el centro de sus ataques, esta vez contra el Centro Familiar de Adoración (CFA), al que atribuye presuntas prácticas de lavado de dinero y de cerebros sin acompañar sus acusaciones de pruebas que las respalden. La descalificación de una comunidad religiosa entera no es periodismo, no es investigación y mucho menos pensamiento crítico: es una expresión de intolerancia que merece ser señalada y condenada.

Hay una diferencia fundamental entre investigar a una institución religiosa y utilizar las redes sociales para desacreditarla mediante acusaciones de extrema gravedad. La primera exige pruebas, rigor y responsabilidad. La segunda puede convertirse en una forma de persecución ideológica, especialmente cuando el blanco es una comunidad que profesa una determinada fe.

Eduardo Quintana escribió en sus redes sociales:

«El Centro Familiar de Adoración hace lavado de dinero, pero también lavado de cerebros. Doblemente peligrosa esta organización mafiosa que apoyó ciegamente a Santiago Peña y otros líderes del Partido Colorado».

La gravedad de estas expresiones no puede pasar inadvertida. Se está acusando públicamente a una organización religiosa de actividades criminales y, al mismo tiempo, se pretende deslegitimar su labor espiritual mediante una expresión deliberadamente despectiva: «lavado de cerebros».

¿Dónde están las pruebas? ¿Qué investigaciones respaldan semejantes afirmaciones? ¿Qué elementos concretos permiten sostener que una institución religiosa constituye una organización mafiosa?

Las acusaciones de lavado de dinero no son opiniones políticas ni recursos retóricos para conseguir repercusión en las redes sociales. Son imputaciones de hechos delictivos que requieren evidencias y deben ser investigadas por las autoridades competentes.

Pero hay algo todavía más preocupante: la utilización de la identidad religiosa como argumento de descalificación. Una iglesia no pierde su legitimidad espiritual porque sus integrantes o autoridades tengan preferencias políticas, mantengan relaciones con dirigentes o expresen públicamente sus posiciones. La libertad religiosa también comprende la libertad de participar en la vida pública.

La fe cristiana no necesita autorización de determinados sectores ideológicos para existir, organizarse, predicar o participar en la sociedad.

Aquí aparece un fenómeno que no deberíamos normalizar: la cristianofobia, entendida como hostilidad, desprecio o discriminación hacia quienes profesan el cristianismo y sus instituciones. Cuando se convierte a una iglesia en objeto de ataques sistemáticos, se ridiculizan sus creencias y se atribuyen comportamientos criminales a sus integrantes sin sustento, estamos ante una manifestación preocupante de intolerancia religiosa.

Resulta particularmente contradictorio que quienes suelen presentarse como defensores de la diversidad, la pluralidad y la libertad de pensamiento recurran a expresiones que deshumanizan o estigmatizan a comunidades religiosas cuando estas no coinciden con sus preferencias ideológicas.

La libertad de expresión no es patrimonio de una corriente política, de una ideología ni de quienes consideran intelectualmente inferiores a las personas que profesan una religión.

Se puede cuestionar a una iglesia, investigar a sus autoridades, criticar sus decisiones institucionales e incluso discrepar profundamente de sus posiciones políticas. Lo que no corresponde es sustituir la argumentación por la injuria y presentar acusaciones criminales como si fueran hechos demostrados.

El cristianismo no es una enfermedad social, las iglesias no son organizaciones sospechosas por definición y los creyentes no son ciudadanos de segunda categoría.

Si existen indicios de lavado de dinero, que se presenten ante la Fiscalía. Si existen pruebas de delitos, que se investiguen y se establezcan responsabilidades. Pero utilizar la palabra periodismo como cobertura para lanzar acusaciones sin sustento no convierte una publicación en una investigación.

La sociedad paraguaya, profundamente marcada por sus raíces cristianas, tiene motivos suficientes para rechazar esta clase de intolerancia. Defender la libertad religiosa no significa defender incondicionalmente a una institución ni otorgarle inmunidad frente a las críticas. Significa exigir que se la trate con los mismos estándares de respeto, responsabilidad y presunción de inocencia que cualquier otra organización.

La crítica es legítima; la difamación no es periodismo. La discrepancia ideológica es saludable; la hostilidad religiosa es intolerancia.

Eduardo Quintana puede cuestionar las posiciones políticas del Centro Familiar de Adoración tanto como desee. Lo que no puede pretender es que sus acusaciones sean aceptadas como verdades por el simple hecho de publicarlas en sus redes sociales.

Una sociedad libre debe proteger tanto el derecho a criticar como el derecho a creer. Y cuando alguien pretende convertir la fe de millones de personas en motivo de desprecio, corresponde responder con firmeza.

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