La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración que insta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a derogar la Resolución N.º 29.664/2017 y su ampliación, que prohíben el uso de materiales vinculados con la teoría e ideología de género en instituciones educativas. La iniciativa, impulsada por la diputada Johanna Ortega, de País Solidario, plantea que la modificación contribuiría a prevenir la violencia contra las mujeres y los feminicidios.
El documento vuelve a poner en discusión la denominada Resolución Riera, vigente desde 2017, cuando el actual ministro del Interior, Enrique Riera, estaba al frente del Ministerio de Educación. La propuesta legislativa sostiene que las restricciones pueden dificultar el tratamiento escolar de contenidos relacionados con la ideología de género, los estereotipos y la prevención de la violencia.
Como argumento central, el proyecto menciona el feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, ocurrido en Lambaré. Según los antecedentes citados, la joven había denunciado a su expareja por hechos de violencia y contaba con una medida de protección. También se había comunicado al Ministerio Público el supuesto desacato de esa disposición.
A partir de este caso, la iniciativa busca vincular la prevención de la violencia con los contenidos impartidos en las aulas. El texto recuerda que la legislación vigente asigna al MEC responsabilidades en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no discriminación y respeto de los derechos humanos. También establece la revisión y actualización de libros de texto y materiales didácticos para promover la igualdad de derechos, oportunidades, trato y resultados.
Con la aprobación del proyecto de declaración, Diputados vuelve a impulsar la revisión de una medida que mantiene abierto el debate sobre los límites de los contenidos educativos, la perspectiva de género y el papel de las escuelas en la prevención de la violencia contra las mujeres.
La iniciativa hace un uso político el caso de una víctima de feminicidio como fundamento para reclamar cambios en las disposiciones que regulan los materiales utilizados en las instituciones educativas.
