La convocatoria para incorporar 405 funcionarios a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios comprometería cerca de G. 30.000 millones anuales entre salarios y aguinaldos, sin contar otros costos asociados al empleo público.
La expansión del aparato estatal vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Paraguay no puede seguir postergando: ¿hasta dónde puede crecer el gasto público sin comprometer la eficiencia del Estado y los recursos de los contribuyentes?
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) convocó a un Concurso Público de Ingreso de Empleados Públicos (CPIEP) para cubrir 405 vacancias en distintas dependencias y localidades del país, con remuneraciones mensuales de G. 4.500.000 y G. 6.000.000, según el puesto. La recepción de postulaciones está prevista del 15 al 21 de octubre de 2026.
La convocatoria abre una interrogante fundamental sobre la dimensión del Estado y la sostenibilidad de sus compromisos permanentes. Contratar funcionarios no implica únicamente pagar salarios durante el primer mes: significa asumir obligaciones recurrentes que se acumulan año tras año y que deben financiarse con recursos públicos.
De acuerdo con una estimación basada en las remuneraciones publicadas, el costo anual de salarios y aguinaldos para el conjunto de las 405 vacancias se aproximaría a los G. 30.000 millones. Se trata de un cálculo estimativo que debe contrastarse con la nómina completa y las remuneraciones efectivas. El monto tampoco contempla eventuales bonificaciones, vacaciones, aportes patronales, seguros y otros conceptos que pueden incrementar el costo total de las contrataciones.
En otras palabras, el compromiso fiscal podría ser superior al costo salarial directo. Y, una vez incorporados, estos funcionarios pasan a formar parte de una estructura de gastos que el Estado deberá sostener en los ejercicios presupuestarios siguientes.
Antes de ampliar la plantilla, corresponde explicar cuántos funcionarios tiene actualmente la DNIT, cuáles son las necesidades operativas que no pueden cubrirse con los recursos existentes, qué funciones específicas desempeñarán los nuevos empleados y qué resultados se espera obtener con esta inversión.
También es necesario conocer si se evaluaron alternativas como la digitalización de procesos, la reasignación del personal disponible y la mejora de la productividad institucional.
Sin esa información, la ciudadanía no dispone de elementos suficientes para determinar si las 405 vacancias responden a necesidades indispensables o si existe margen para contener el crecimiento del gasto.
La pregunta central es sencilla: ¿qué recibe el contribuyente a cambio de cada guaraní adicional destinado al funcionamiento del Estado?
Un aparato público más grande no es, nunca, un Estado más eficiente, al contrario. La eficiencia depende de la calidad de los servicios, el cumplimiento de los objetivos, la transparencia del gasto y la capacidad de resolver problemas utilizando los recursos disponibles.
Paraguay necesita discutir seriamente el crecimiento de su estructura estatal. Cada compromiso permanente reduce el margen presupuestario disponible para otras prioridades y exige una fuente sostenible de financiación.
El dinero público no es un recurso ilimitado ni pertenece a quienes lo administran. Pertenece a la ciudadanía, que tiene derecho a exigir eficiencia, austeridad responsable y resultados concretos por cada guaraní gastado.
