Hay decisiones malas. Hay decisiones equivocadas. Hay decisiones difíciles de explicar. Y después está la decisión de conceder el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay.
La elección no resulta precisamente desconcertante si se observa la historia del premio. El Nobel de la Paz hace tiempo dejó de ser, para sus críticos, una garantía automática de mérito, neutralidad o autoridad moral. En más de una ocasión, el galardón terminó convirtiéndose en una plataforma para determinadas causas políticas e ideológicas.
Pero el caso de Pillay resulta particularmente difícil de ignorar.
La mujer que ahora es presentada como una figura ejemplar de la paz presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, organismo que acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza.
Y aquí conviene detenerse. Genocidio no es una palabra cualquiera. Tiene una definición jurídica concreta y exige demostrar la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso protegido.
Por eso, cuando una comisión internacional formula una acusación de semejante gravedad, no estamos ante una simple opinión editorial ni ante una diferencia semántica. Estamos ante una imputación que puede marcar la reputación de un Estado durante generaciones.
Este es el caso de Pillay, su comisión convirtió esa acusación en una herramienta para presentar a Israel como un Estado excepcionalmente criminal, mientras quedaban relegados otros elementos fundamentales del conflicto.
Porque Hamás existía. Hamás atacó Israel. Hamás asesinó a unas 1.200 personas el 7 de octubre de 2023 y secuestró a otras 251. Y, según la información aportada en esta columna, sus combatientes utilizaron una extensa infraestructura de túneles y obstaculizaron la distribución de alimentos y medicamentos. Nada de eso desaparece porque exista una investigación internacional sobre la conducta de Israel.
Tampoco desaparece el hecho señalado en el material de base: la población de Gaza había crecido durante los últimos años. Ese dato, por sí solo, no resuelve una discusión jurídica sobre genocidio, pero sí plantea una pregunta que resulta incómoda cuando se pretende describir la situación mediante una única narrativa: ¿por qué determinados elementos relevantes del contexto parecen recibir mucha menos atención que otros?
Una investigación sobre posibles crímenes cometidos durante una guerra debería examinarlo todo. Los ataques contra civiles israelíes. Los secuestros. La utilización de infraestructura civil y túneles. Las condiciones de los rehenes. La actuación de las fuerzas israelíes. Las víctimas palestinas. La ayuda humanitaria. Y, sobre todo, las pruebas que permitan determinar responsabilidades individuales y estatales.
No se puede reclamar justicia internacional mientras se convierte la investigación en un mecanismo de selección moral.
Pillay no era una desconocida cuando llegó a la comisión. Había sido alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y acumulaba una extensa trayectoria internacional. En 2021 fue designada para encabezar la comisión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar la situación en el «territorio palestino ocupado».
Desde entonces, su nombre quedó estrechamente asociado a las investigaciones y acusaciones contra Israel. Y ahora recibe el Nobel de la Paz. Ahí aparece la verdadera cuestión.
El Nobel no es un tribunal. No dicta sentencias. No prueba jurídicamente la culpabilidad de nadie. Pero sí entrega algo que puede resultar todavía más poderoso en el terreno político: legitimidad moral. Cuando el Comité Nobel coloca la palabra «Paz» junto al nombre de una persona, no está simplemente entregando una distinción profesional. Está construyendo un símbolo. Está diciendo al mundo que esa persona representa determinados valores y merece ser reconocida como referente.
Por eso resulta legítimo preguntar qué está legitimando esta decisión. ¿Una trayectoria de defensa de los derechos humanos? ¿La lucha contra la impunidad? ¿El derecho internacional? ¿O también, inevitablemente, las conclusiones y el enfoque político que Pillay imprimió a su actuación respecto de Israel?
Porque es imposible separar completamente a la galardonada de aquello por lo que se hizo especialmente visible en los últimos años. Y aquí aparece una de las mayores contradicciones del premio. El testamento de Alfred Nobel estableció que el Premio de la Paz debía reconocer los esfuerzos orientados a la fraternidad entre las naciones. La intención era promover una idea universal de paz.
Pero ¿qué ocurre cuando la paz comienza a confundirse con una determinada lectura ideológica de un conflicto? ¿Qué ocurre cuando unas instituciones internacionales adquieren una autoridad moral que parece no estar sometida al mismo escrutinio que exigen a los Estados? ¿Y qué ocurre cuando una acusación extremadamente grave contra un país termina siendo utilizada, directa o indirectamente, como parte del contexto de una distinción internacional? Estas preguntas no son irrelevantes.
Durante años, Israel ha sido objeto de una atención extraordinariamente intensa por parte de distintos organismos internacionales. Sus críticos consideran que esa concentración ha generado un doble estándar: mientras las acciones israelíes son examinadas con una severidad excepcional, los crímenes y responsabilidades de Hamás quedan con frecuencia relegados a un segundo plano.
Pillay se convirtió en una de las figuras centrales de ese proceso. Por eso su premio no puede analizarse solamente como el reconocimiento a una larga carrera. También debe analizarse como un acto político y simbólico.
Y si el Comité Nobel pretende que su galardón conserve autoridad moral, tiene que aceptar que esa autoridad pueda ser cuestionada.
La justicia deja de ser universal cuando depende de quién es el acusado. La defensa de los derechos humanos pierde credibilidad cuando algunos crímenes reciben una atención desproporcionada mientras otros parecen convertirse en notas al pie. Y la paz se transforma en una consigna vacía cuando se utiliza para premiar una determinada narrativa sobre una guerra en lugar de exigir una mirada completa sobre ella.
El anuncio del premio, realizado el 9 de octubre, apenas dos días después del tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre, añade todavía más combustible a la controversia.
No se trata simplemente de una cuestión de calendario. En un conflicto donde las heridas permanecen abiertas y donde miles de familias israelíes todavía cargan con las consecuencias de aquellos ataques, la elección de esa fecha inevitablemente adquiere una dimensión simbólica. Y esa dimensión no puede ser ignorada.
Navi Pillay puede tener una trayectoria extensa. Puede haber participado en procesos internacionales relevantes. Puede defender legítimamente determinadas posiciones. Pero ninguna trayectoria profesional debería convertirla en una autoridad incuestionable, y mucho menos blindar sus conclusiones frente a la crítica.
Hay decisiones malas. Y después está el Nobel de la Paz para Navi Pillay.
