El caso de Lindsay Clancy volvió a ocupar titulares en Estados Unidos después de que su juicio terminara sin veredicto unánime. Clancy está acusada de haber estrangulado a sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en enero de 2023. El proceso terminó en mistrial y los cargos continúan vigentes; no fue absuelta.
Pero alrededor de ese caso apareció algo que merece una discusión mucho más incómoda: qué sucede en una sociedad cuando la respuesta de la Justicia frente a crímenes extremos comienza a ser percibida como insuficiente, imprevisible o incapaz de producir consecuencias claras. Porque la impunidad no necesita necesariamente una absolución para producir efectos.
También se instala cuando un delito gravísimo termina sin una resolución durante años. Cuando las víctimas quedan reducidas a expedientes. Cuando los procesos se prolongan hasta que el horror inicial desaparece de la memoria pública. Cuando el mensaje que recibe la sociedad es que, incluso frente a los hechos más graves, las consecuencias pueden quedar suspendidas indefinidamente. Y ese mensaje tiene un costo.
En los últimos años se acumularon en Estados Unidos distintos casos de madres acusadas de matar a sus propios hijos. No todos tienen las mismas circunstancias, no todos están vinculados entre sí y no todos tienen el mismo desenlace judicial. Pero juntos muestran la dimensión de un problema que no puede ser tratado simplemente como una sucesión de tragedias aisladas.
Después de Clancy aparecieron, entre otros, los casos de Bernadine Pruessner, acusada de matar a sus cuatro hijos en Missouri en 2024; Naomi Elkins, acusada de matar a sus dos hijos pequeños en Nueva Jersey ese mismo año; Tranyelle Harshman, de Wyoming, vinculada a la muerte de sus cuatro hijos en 2025; Emily Long, de New Hampshire, acusada en un caso que terminó con la muerte de sus dos hijos y de ella misma; Janette MacAusland, acusada en Massachusetts de matar a sus hijos Kai, de 7 años, y Ella, de 6, en abril de 2026; y Corie Walsh, de Illinois, acusada de matar a su hijo Barrett, de 2 años, en septiembre de 2026. El caso de Walsh incluso adquirió una dimensión particular porque fiscales señalaron que había seguido y comentado el juicio de Clancy antes de la muerte de su hijo.
Hay además otros casos que muestran que el fenómeno no comienza ni termina con Clancy. Una base pública dedicada específicamente a casos de mujeres que mataron a sus hijos y alegaron problemas de salud mental reúne actualmente 39 casos.
Lo verdaderamente preocupante, entonces, no es solamente contar víctimas, es mirar qué mensaje queda después. Porque una sociedad observa, observa cuando un crimen termina en una condena, observa cuando termina en una absolución, observa cuando un tribunal declara que no existe responsabilidad penal, observa cuando un jurado no consigue ponerse de acuerdo, observa cuando un acusado permanece años esperando una definición y, también, observa cuando pese a la gravedad de los hechos, las consecuencias parecen diluirse en un laberinto judicial que las víctimas ya no pueden recorrer porque están muertas. Eso es lo que destruye progresivamente la confianza.
La sociedad necesita saber que después de una investigación viene una decisión; después de una acusación viene un juicio; y después del juicio, cuando corresponde, viene una condena. Cuando esa cadena se rompe, aparece la sensación de impunidad y la sensación de impunidad modifica el comportamiento social.
Hace que algunos crean que las instituciones no tienen capacidad para imponer límites, hace que otros dejen de confiar en denunciar, hace que las víctimas pierdan la expectativa de obtener justicia y, quizás lo más peligroso, hace que el delito deje de producir el mismo temor a sus consecuencias.
Los números disponibles muestran además que no estamos hablando de un fenómeno anecdótico cuando ampliamos la mirada al maltrato infantil fatal. La base Lives Cut Short, desarrollada por el American Enterprise Institute y la University of North Carolina, reúne casi 5.000 muertes infantiles relacionadas con maltrato entre 2022 y 2026; 2.282 involucraron a la madre biológica y 912 fueron clasificadas como casos de lesión infligida.
Pero existe otro dato particularmente inquietante: análisis citados por investigadores y especialistas señalan que no todos los padres biológicos que causan la muerte de sus hijos terminan siendo procesados penalmente, y que, entre quienes sí son condenados, pueden existir diferencias en la duración de las penas frente a otros responsables de delitos similares. Ahí está el problema, la justicia desigual también produce impunidad.
No hace falta que un juez diga “no pasa nada”. Basta con que la sociedad empiece a percibir que la consecuencia depende de quién sea el acusado, de cuánto dinero tenga, de qué argumento utilice, de cuánto dure el proceso o de cuánto ruido genere el caso.
Y cuando esa percepción se instala, el sistema empieza a perder una de sus funciones esenciales: demostrar que la ley tiene fuerza.
Los niños asesinados no pueden pedir justicia, no pueden contratar abogados, no pueden explicar lo que ocurrió, no pueden defenderse, no pueden esperar cinco, diez o quince años para que el Estado determine quién fue responsable. Su única defensa era el sistema. Por eso, cuando el sistema falla, ellos son los primeros en quedar completamente indefensos.
Y hay algo que no debería perderse en medio de las discusiones sobre salud mental, derechos procesales o estrategias de defensa: comprender por qué ocurrió un crimen no elimina la necesidad de establecer sus consecuencias jurídicas.
Una enfermedad puede explicar una conducta. Una circunstancia puede explicar un crimen. Una condición psiquiátrica puede modificar la responsabilidad penal. Pero ninguna explicación devuelve la vida de un niño. Y ninguna explicación debería convertir a la víctima en el elemento secundario de la historia.
La justicia no existe únicamente para castigar. Existe también para establecer una verdad judicial, reconocer a las víctimas y demostrar que determinadas conductas tienen consecuencias. Cuando eso no ocurre, el vacío no queda vacío, lo ocupa la impunidad. Y la impunidad genera algo todavía más peligroso: la pérdida de confianza en el Estado.
Mientras eso sucede, los muertos ya no pueden reclamar, los niños ya no pueden hablar.
