El debate sobre la ley sharia volvió a instalarse en la política estadounidense tras las declaraciones vinculadas al candidato demócrata al Senado por Michigan, el musulmán Abdul El-Sayed. La controversia gira en torno a una cuestión central: si principios religiosos ajenos a occidente pueden llegar a imponerse sobre las leyes civiles, la Constitución y los derechos individuales.
La preocupación de amplios sectores no se dirige contra la libertad religiosa, sino contra cualquier intento de convertir normas religiosas en reglas obligatorias para toda la sociedad.
La ley sharia no constituye un sistema único ni se aplica de la misma manera en todos los países. Sin embargo, sus interpretaciones más rígidas han sido cuestionadas por establecer restricciones severas a las mujeres, limitar la libertad religiosa, castigar la disidencia y subordinar los derechos individuales a normas religiosas. Es precisamente ese modelo de imposición el que genera preocupación cuando se intenta presentarlo como compatible, sin matices, con los valores democráticos occidentales.
El punto no es prohibir que una persona practique su religión en privado. El punto es impedir que una ley religiosa pretenda reemplazar las leyes de un Estado democrático. La libertad religiosa protege la fe de cada ciudadano, pero no autoriza a imponer códigos religiosos al conjunto de la población.
La polémica también expone una tensión política cada vez más evidente: mientras algunos sectores buscan evitar cualquier crítica al islam por temor a ser acusados de discriminación, otros advierten que el silencio frente a las interpretaciones extremas puede terminar debilitando derechos conquistados durante décadas.
La defensa de la democracia exige claridad. Las leyes deben surgir de la Constitución y del debate ciudadano, no de autoridades religiosas ni de interpretaciones teocráticas barbáricas. Cualquier propuesta que pretenda colocar la sharia por encima de la legislación civil debe ser rechazada de manera contundente, independientemente de quién la impulse.
El debate no debería confundirse con odio religioso. Se trata de defender la separación entre religión y Estado, la igualdad jurídica, la libertad de expresión y los derechos fundamentales. En una sociedad democrática, todas las personas tienen derecho a creer; ninguna tiene derecho a imponer su religión como ley para los demás.
