Existe una contradicción que las sociedades occidentales parecen discutir cada vez menos: ¿puede una sociedad abierta permitir que quienes rechazan sus principios utilicen precisamente esa apertura para intentar destruirlos?
La pregunta no es menor. Una democracia liberal garantiza libertad religiosa, libertad de expresión, asociación, reunión y participación política. Pero esas libertades no fueron diseñadas como un mecanismo de autodestrucción. Su propósito es permitir que individuos y grupos convivan bajo unas reglas comunes, no habilitar que algunos construyan estructuras destinadas a eliminar esas mismas reglas.
Por eso, cuando hablamos de inmigración, integración o diferencias culturales, el debate debería abandonar dos extremos igualmente poco útiles. Uno sostiene que todas las culturas y todas sus prácticas deben ser aceptadas sin discusión. El otro convierte automáticamente al extranjero, al creyente o al diferente en una amenaza.
Ninguno de los dos extremos sirve. Hay prácticas culturales que pueden ser perfectamente compatibles con una sociedad liberal y otras que no lo son. Hay religiones practicadas pacíficamente por millones de personas y también existen movimientos políticos que utilizan una determinada interpretación religiosa para justificar coerción, violencia o subordinación de quienes no comparten sus creencias. Confundir ambas cosas es intelectualmente pobre y políticamente peligroso.
Y aquí aparece una cuestión que suele incomodar: la discriminación no siempre nace del odio; también puede surgir como mecanismo de protección frente a un riesgo percibido como real.
Pero reconocer esto exige una enorme responsabilidad. La discriminación preventiva puede ser racional cuando se dirige contra conductas, organizaciones, ideologías o comportamientos concretos que representan una amenaza demostrable. Se vuelve injusta cuando transforma una sospecha colectiva en una condena individual.
No es lo mismo impedir que una organización que promueve la violencia política opere libremente que impedir que una persona practique pacíficamente su religión. No es lo mismo exigir que todo inmigrante respete la legislación del país que presumir que alguien es peligroso por su origen. La diferencia está en el criterio.
Una sociedad liberal tiene derecho a decir: estas son nuestras reglas y se aplican a todos. La igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, los derechos de las mujeres, la libertad de expresión, la separación entre religión y Estado y el rechazo de la violencia política no deberían ser negociables dependiendo de quién los cuestione.
El debate europeo ofrece un ejemplo de lo que ocurre cuando la integración falla y aparecen comunidades cada vez más aisladas del resto de la sociedad. Desde hace algunos años se habla de las llamadas “zonas no-go” o de barrios donde comenzó a regir la sharía.
El verdadero problema, entonces, no es que exista mágicamente una “zona de sharía”. El problema aparece cuando cualquier sociedad permite que surjan espacios donde la autoridad del Estado, la igualdad ante la ley y las reglas comunes pierden terreno frente a normas comunitarias.
Una sociedad liberal no necesita inventar “zonas prohibidas” para comprender el peligro de las sociedades paralelas. Le basta con observar qué ocurre cuando el Estado deja de hacer cumplir una misma ley para todos.
Si una persona llega a una sociedad liberal y quiere rezar, trabajar, estudiar, formar una familia y practicar pacíficamente su religión, no debería existir ningún problema. Pero si un movimiento pretende imponer mediante intimidación, violencia o coerción un sistema que elimina la libertad de quienes no comparten su doctrina, la sociedad tiene no solo el derecho, sino el deber de defenderse.
Eso no es odio. Eso no es racismo. Y tampoco significa que toda persona perteneciente a una determinada religión deba ser considerada sospechosa. Significa algo mucho más sencillo: una sociedad tiene derecho a proteger las condiciones que hacen posible su propia libertad.
También hay que reconocer algo que suele perderse en el debate: las culturas no son moralmente neutras. Existen valores que favorecen sociedades más libres, abiertas y prósperas, y existen prácticas que restringen la autonomía individual, justifican la violencia o colocan al individuo por debajo de una autoridad religiosa, política o comunitaria.
Decirlo no significa afirmar que una persona sea inferior por pertenecer a determinada cultura. Significa aceptar que las ideas y las prácticas pueden y deben ser juzgadas.
Occidente no debería sentir vergüenza por defender aquello que construyó: el Estado de derecho, la libertad individual, la igualdad jurídica, la libertad religiosa y la posibilidad de cuestionar incluso a las propias autoridades y creencias.
La verdadera tolerancia no consiste en permitir cualquier cosa. Consiste en permitir la diferencia dentro de un marco común de derechos y obligaciones. Y ese marco debe tener límites.
Una democracia que no está dispuesta a defender sus propios principios termina dejando que otros los definan por ella. Y cuando eso ocurre, la tolerancia deja de ser una virtud y se convierte, paradójicamente, en la herramienta mediante la cual una sociedad permite que desaparezca aquello que pretendía proteger.
Una sociedad abierta no tiene por qué ser una sociedad indefensa. Puede recibir al diferente, respetar la libertad religiosa y convivir con múltiples culturas, pero debe conservar una condición irrenunciable: una sola ley, los mismos derechos y las mismas obligaciones para todos.
Porque la libertad que no está dispuesta a defenderse termina dependiendo de la buena voluntad de quienes quizá no creen en ella.
