Paraguay debe decidir qué fuentes fortalecen al país, quién asume sus costos y qué capacidad estatal necesita para administrarlas.
Paraguay posee una ventaja energética extraordinaria, pero esa ventaja ya no puede medirse únicamente por la cantidad de electricidad que producen Itaipú, Yacyretá y Acaray.
La demanda crece, la matriz continúa concentrada, la infraestructura de transmisión necesita ampliaciones y aparecen proyectos que pretenden comprometer grandes volúmenes de electricidad, agua y territorio durante décadas. Al mismo tiempo, las competencias institucionales permanecen dispersas y todavía no existe una metodología pública que permita comparar, bajo las mismas reglas, una planta solar, un proyecto de hidrógeno, un centro de datos, la explotación de gas o un futuro programa nuclear.
La Mesa Energética Nacional tampoco parte de cero. Fue creada y reglamentada en 2012 como órgano asesor del Poder Ejecutivo y su instancia técnica participó posteriormente en la elaboración y revisión de la Política Energética Nacional aprobada en 2016. El actual gobierno volvió a instalarla en 2023 para actualizar esa política con horizonte al año 2050. La nueva versión fue aprobada mediante el Decreto N.º 2.553/2024, con metas de corto, mediano y largo plazo. Por tanto, el desafío de los próximos treinta días no debería ser producir otro diagnóstico general, sino transformar más de una década de estudios y planificación en reglas, responsabilidades y decisiones verificables.
La primera decisión no es tecnológica
La discusión suele comenzar preguntando qué fuente debe incorporarse: solar, biomasa, gas, almacenamiento o energía nuclear. Ese orden es equivocado.
Antes de elegir tecnologías, el Estado debe establecer cómo las comparará. Una planta puede anunciar un precio de generación reducido y trasladar al sistema los costos del respaldo, las baterías, la transmisión y la estabilización de la red. Una industria puede prometer una inversión millonaria, pero recibir electricidad, agua, infraestructura y beneficios fiscales cuyo valor supere ampliamente el retorno que deja al país.
Todo proyecto de gran escala debería evaluarse considerando la potencia firme que aporta durante las horas críticas, el costo completo para el sistema, las redes que exige, el uso de agua y territorio, la dependencia tecnológica, los riesgos asumidos por la ANDE y el valor productivo, científico y fiscal que permanecerá en Paraguay.
Ese método debe aplicarse sin perder el orden de prioridad. Antes de incorporar fuentes nuevas, Paraguay debe proteger y ampliar la capacidad hidroeléctrica que ya posee y ejecutar las redes previstas para transportar esa energía con seguridad. La modernización de Itaipú, Yacyretá y Acaray, junto con el Plan Maestro de la ANDE para generación, transmisión y distribución, forma parte de la generación efectiva: una electricidad que no puede llegar al usuario con continuidad y calidad es apenas capacidad nominal.
El crecimiento acelerado de la demanda confirma que el próximo cuello de botella no estará solamente en producir más, sino en disponer de líneas, subestaciones y distribución suficientes. Diversificar no puede significar postergar la infraestructura que sostiene todo el sistema.
No basta con que una fuente sea renovable. Tampoco basta con que una inversión sea extranjera, innovadora o presentada como parte de la transición energética.
¿Qué aporta cuando el sistema realmente lo necesita y quién paga los costos que no aparecen en el precio anunciado?
Grandes inversiones: el costo no puede quedar oculto
Los proyectos de hidrógeno, fertilizantes, centros de datos, inteligencia artificial y otras industrias electrointensivas pueden generar inversión y nuevas cadenas productivas. También pueden comprometer durante décadas una parte sustancial de la capacidad eléctrica, el agua disponible, las redes de transmisión y la capacidad financiera de la ANDE.
No deberían negociar sus condiciones mediante procedimientos separados ni acuerdos diseñados para cada empresa. Paraguay necesita un protocolo uniforme que permita conocer la potencia requerida, los horarios de consumo, el costo de conexión, la necesidad de respaldo, el volumen de agua utilizado, las garantías ofrecidas y el valor que quedará en empleo, tecnología, impuestos y compras nacionales.
Una tarifa inferior al costo económico completo constituye un subsidio, aunque no figure como una transferencia presupuestaria. Si la diferencia es absorbida por la ANDE, por los demás usuarios o por obras que dejan de ejecutarse, existe un costo público que debe ser calculado y conocido. La sostenibilidad financiera de la empresa pública tampoco puede descansar sobre aumentos indiscriminados al usuario común mientras los grandes consumidores acceden a condiciones cuyo costo integral no ha sido transparentado.
También debe medirse el costo de oportunidad. Cada bloque de electricidad comprometido mediante contratos prolongados deja de estar disponible para otras industrias, para el consumo interno o para atender los picos futuros. La inversión privada es bienvenida; el derecho a utilizar energía, agua e infraestructura pública en condiciones privilegiadas no puede presumirse.
La solar no equivale a potencia firme
La energía solar puede resolver necesidades localizadas, reducir pérdidas y mejorar el abastecimiento de zonas alejadas. Puede resultar útil en viviendas, establecimientos productivos, edificios públicos y comunidades que se encuentran a gran distancia de la red principal.
Pero una planta solar de gran escala no debe evaluarse por la cantidad de megavatios instalados, sino por la energía firme que realmente entrega. Su producción varía con la irradiación y desaparece durante la noche. Para garantizar continuidad necesita baterías o una fuente hidráulica, térmica o de otra naturaleza preparada para entrar cuando cae la generación solar.
Ese respaldo debe construirse, mantenerse y remunerarse aunque opere a carga parcial, disminuya su producción para permitir el ingreso de la solar o permanezca en reserva. Las baterías pueden desplazar energía durante períodos limitados, pero cubrir noches completas o varios días de baja irradiación exige capacidades mucho mayores y reposiciones sucesivas.
El ciclo de vida tampoco puede omitirse. Los paneles pierden rendimiento y tienen una vida operativa aproximada de entre 25 y 35 años; inversores y baterías pueden requerir sustituciones anteriores. La evaluación debe incluir reposiciones, obsolescencia tecnológica, desmantelamiento y gestión final de los equipos.
En el Chaco debe agregarse la fragilidad de una sabana semiárida que no constituye una superficie vacía. La remoción de cobertura vegetal, la alteración del drenaje y la construcción de caminos, líneas y subestaciones deben analizarse por sus efectos acumulativos sobre el suelo y los sistemas hídricos. La solar puede ser una solución puntual; convertirla en política extensiva sin contabilizar respaldo, ciclo de vida y territorio es una decisión completamente diferente.
Itaipú: experimentar también obliga a informar
La planta solar flotante de Itaipú tiene aproximadamente 1,1 MWp y reúne 1.584 paneles. Su escala actual es pequeña frente al embalse, pero la experiencia se presenta como un laboratorio para evaluar desempeño, impactos y eventual replicación. Precisamente por esa posibilidad de expansión, los resultados deben ser públicos.
Un estudio experimental publicado en Environmental Science & Technology observó que, en pequeños estanques cubiertos en un 70 % por estructuras solares flotantes, la disponibilidad de oxígeno disuelto disminuyó y las emisiones diarias de gases de efecto invernadero aumentaron un 26,8 % en términos de dióxido de carbono equivalente, principalmente por mayores emisiones de metano.
Esos resultados no pueden trasladarse automáticamente a Itaipú. La extensión, profundidad, circulación y proporción cubierta del embalse son completamente diferentes. Pero tampoco corresponde ignorarlos. Antes de ampliar el proyecto deberían publicarse la línea de base ambiental, la metodología y los resultados periódicos sobre oxígeno disuelto, temperatura, calidad del agua, emisiones y biodiversidad acuática.
Un proyecto piloto solo cumple su verdadera función cuando sus resultados, favorables o adversos, se conocen antes de escalarlo.
El gas del Chaco exige una decisión
El gas de Gabino Mendoza no puede continuar indefinidamente entre la exaltación y el abandono.
El recurso no es una mera hipótesis. El gas proveniente del pozo Independencia I fue utilizado experimentalmente por la ANDE y posteriormente comercializado para alimentar la generación eléctrica de Bahía Negra. Esto no demuestra que toda la cuenca contenga reservas suficientes para una explotación industrial de gran escala, pero sí confirma que hubo producción y utilización efectiva.
La respuesta responsable es auditar: realizar nuevos estudios, certificar reservas, analizar la composición del gas y resolver jurídicamente las restricciones territoriales que impiden determinar su verdadero potencial. Mantener un recurso inmovilizado sin investigación es tan irresponsable como autorizar su explotación sin información suficiente.
La evaluación del gas nacional debería avanzar, además, en paralelo con el proyecto del Gasoducto Bioceánico. Paraguay no debería definir su futuro únicamente como corredor del gas extranjero entre Argentina y Brasil sin haber determinado antes la existencia, composición y viabilidad de sus propios recursos.
El gas podría aportar generación firme, sustituir combustibles importados, proporcionar calor industrial y servir como materia prima para producir amoníaco y urea. En un país agropecuario que importa fertilizantes nitrogenados fabricados con gas extranjero, esta posibilidad no es solamente energética: es también industrial, productiva y alimentaria.
La nuclear comienza por el conocimiento
La energía nuclear no resolverá las necesidades inmediatas del sistema paraguayo. Preparar un programa exige años de formación, regulación, planificación, seguridad, infraestructura y capacidad financiera. Precisamente por eso, la preparación debe comenzar ahora.
El 13 de abril de 2026, la ANDE y el Organismo Internacional de Energía Atómica suscribieron un convenio de cooperación técnica no vinculante sobre posibles aplicaciones de reactores modulares pequeños. Paraguay fue además sede de una reunión regional sobre tecnología, economía y financiamiento de proyectos nucleares. Nada de esto implica una decisión de construir una central ni la selección de una tecnología, pero confirma que el análisis ya ingresó en una etapa técnica e institucional que exige continuidad.
Antes de discutir una gran central o pequeños reactores modulares, el país necesita ingenieros, físicos, técnicos, abogados, economistas y reguladores capaces de comparar ofertas, elaborar pliegos, negociar contratos y controlar al proveedor.
El primer paso debería ser una hoja de ruta nacional que defina la autoridad responsable, el marco legal, el organismo regulador, el programa de formación y los estudios sobre red, demanda, localización, agua, residuos y financiamiento que deberán completarse antes de tomar una decisión tecnológica.
La primera inversión nuclear no será el reactor. Será la capacidad paraguaya para decidir soberanamente si corresponde construirlo.
Reordenar el Estado y recuperar capacidad nacional
La transformación energética requiere una autoridad rectora claramente identificada, un regulador independiente y una separación efectiva entre planificación, regulación y operación.
En distintos momentos se ha propuesto fortalecer el Viceministerio de Minas y Energía, crear una cartera especializada o integrar estas competencias dentro de una estructura económica más amplia. El Poder Ejecutivo ya ha planteado la creación de un Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía. La fórmula puede vincular política energética e industrialización, pero reunir más funciones bajo una misma cartera no sustituye la necesidad de separar promoción de inversiones, formulación de políticas, regulación económica y operación del sistema. Lo esencial es que la ANDE sea fortalecida como empresa pública estratégica sin convertirla simultáneamente en operador, contraparte contractual y regulador de todos los actores que pretendan utilizar la red.
La anunciada mesa eléctrica público-privada también exige reglas previas. Puede ser un espacio útil de información y coordinación, pero no debe transformarse en una instancia informal de asignación de energía, negociación de contratos o definición regulatoria. Su integración, competencias, conflictos de interés, actas y recomendaciones deben ser públicos; quienes solicitan potencia, tarifas o infraestructura no pueden intervenir en decisiones que incidan directamente sobre sus propios proyectos.
La reorganización también debería alcanzar la administración ambiental y de los recursos naturales, porque las decisiones energéticas dependen de licencias, agua, territorio, áreas protegidas y reglas sobre el uso del suelo.
Una alternativa que merece ser discutida es la creación de un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales, con un Viceministerio de Agricultura y Ganadería orientado a producción, competitividad e industrialización, y un Viceministerio de Ambiente y Recursos Naturales encargado de política ambiental, biodiversidad, agua, bosques y ordenamiento territorial.
La integración permitiría que producción y conservación dejaran de formularse desde compartimentos aislados. Pero tendría que preservarse una autoridad técnica con autonomía funcional para licenciar, fiscalizar, sancionar, controlar la calidad ambiental y administrar las áreas protegidas. El órgano que promueve una actividad no puede ser su único fiscalizador.
La debilidad institucional tampoco se limita al sector eléctrico. El mismo problema aparece cuando el Estado depende de terceros para producir información, contratar especialistas, diseñar programas o intervenir sobre el territorio. La cooperación internacional puede aportar recursos y conocimientos; el problema comienza cuando ocupa espacios que deberían corresponder a capacidades permanentes del Estado y adquiere influencia indirecta sobre decisiones que afectan la producción, la propiedad privada y la administración del territorio.
Los convenios, presupuestos, consultorías, ejecutores y resultados deben ser públicos. Las potestades regulatorias no pueden delegarse y todo programa financiado desde el exterior debería transferir conocimientos, información y sistemas al Estado paraguayo.
Paraguay no necesita solamente nuevas instituciones. Necesita instituciones capaces de decidir con información propia y de negociar sin depender de quienes financian los proyectos que luego debe evaluar.
Lo que puede decidirse en treinta días
Treinta días no alcanzan para seleccionar toda la matriz energética futura. Sí alcanzan para ordenar el proceso.
La Mesa Energética puede proponer una metodología obligatoria para evaluar proyectos según su costo completo y capacidad firme; priorizar la modernización hidroeléctrica y la expansión de redes; establecer reglas uniformes para los grandes consumidores y para la futura mesa eléctrica público-privada; separar rectoría, regulación y operación; disponer una auditoría técnico-jurídica del gas del Chaco vinculada con la estrategia del Gasoducto Bioceánico; iniciar la hoja de ruta institucional nuclear; y plantear una reorganización ambiental que integre producción y recursos naturales bajo efectiva conducción nacional.
El plazo no debería terminar con otra declaración de intenciones. Debe terminar con reglas que permitan conocer el costo real de cada decisión, proteger el sistema eléctrico y garantizar que la energía, el agua y el territorio se transformen en producción, tecnología y bienestar para el Paraguay.
La abundancia sigue siendo una ventaja extraordinaria. Pero, por sí sola, ya no alcanza.
¿Qué decisiones permitirán que la energía continúe siendo una ventaja nacional y no se convierta en un recurso comprometido antes de haber definido su verdadero valor?
